La segunda parte de la desgracia ocurrió poco después, cuando Anadelia Acosta, hizo su aparición, abandonando el anonimato para incluir su nombre en nuestra triste galería de detestables. Con el abogado Darío Flores se ofreció a gestionar el resarcimiento por parte de la ANDE. Lo demás ya se sabe. Efectivizaron con una rapidez sorprendente cheques por 800 millones de guaraníes –400 millones para cada familia–, pero solo entregaron 40 y 35 millones a cada una.
Este acto tan deleznable despertó una indignación colectiva que comenzó en Caaguazú, pero que, muy pronto, se extendió a todo el país. Me surgieron algunas reflexiones al respecto. Nos irrita la deshonestidad de casos individuales, con nombres y rostros definidos, pero somos menos sensibles a robos descarados de bienes públicos, con cifras mucho mayores.
Fuera de esto, hay muchas coincidencias entre esta microhistoria de corrupción y la que padecemos endémicamente a nivel general. Fíjese que, en ambos casos, las víctimas siempre son las más vulnerables. En Caaguazú, familias tan humildes que ni siquiera sabían que tenían derecho a una indemnización y, mucho menos, el monto que les correspondía. Los robos al Estado siempre terminan afectando los recursos que debían destinarse a salud y educación pública.
Señalo otra similitud. Tal como suele ocurrir en los episodios de macrocorruptela, esta estafa se conoció gracias a la prensa. El comunicador caaguaceño Pablo Marecos había recibido una llamada de alguien preocupado porque una persona mayor había cobrado una indemnización por la muerte por electrocución del hijo de 30 millones y no tenía una cuenta bancaria, por lo que corría el riesgo de ser robada. Su instinto periodístico lo llevó a investigar el motivo de ese monto ínfimo. Fue así como habló con la familia y la estafa terminó siendo investigada por la Fiscalía.
Tal como sucede a nivel global, el fraude de Caaguazú solo pudo ocurrir porque hubo complicidades en las instituciones públicas. Veamos: ¿Es normal esta sugestiva velocidad en la tramitación de indemnizaciones de casos similares en la ANDE? ¿Cómo pudo el Banco Nacional de Fomento aprobar dos entregas de 400 millones de guaraníes, pese a que los cheques eran intransferibles y las víctimas no estaban presentes? ¿Qué otros escribanos, abogados o funcionarios obtuvieron su tajada?
Hay algo más que emparenta el desfalco de la indemnización de la ANDE con los usos y costumbres de la corrupción nativa: No sería viable sin protección política. Y, mire usted –qué casualidad–, Anadelia tenía una fulgurante carrera como funcionaria de la Cámara de Diputados donde, en pocos meses, consiguió un nombramiento permanente, obtuvo aumentos salariales y logró ser comisionada a su departamento. Ella, así como el abogado Flores, es activa militante del cartismo en Caaguazú y, como se estila, exhibe fotos con el vicepresidente Alliana y otras figuras partidarias. Anadelia no resistió a la tentación de la ostentación. Su pose en redes sociales, al lado de una camioneta flamante y con una son-risa propia de quien “ya está mejor” se convirtió en un boomerang a la hora de su caída.
Porque en Caaguazú, como en el Paraguay entero, los colorados desconocen en su infortunio a quienes no tienen el suficiente peso. Es Anadelia, no Erico. Hoy, ni el ex parlamentario Édgar Espínola ni el diputado Miguel Del Puerto recuerdan haberla conocido.
Como suele ocurrir, el descubrimiento de un caso revela que es solo la punta del iceberg. ¿Cuántos engaños similares habrán ocurrido antes? ¿Habrá alguna chance de que no terminen en la impunidad?
Cómo ve, este caso pequeño y singular tiene la impronta de la vieja corrupción nacional.
