Mientras los pequeños productores señalan que la medida fue diseñada para beneficiar a los grandes ingenios, las industrias de biodiésel también tienen cuestionamientos y dudas sobre el proyecto.
El autor del proyecto de ley es el ex ministro de Industria y Comercio (MIC) y actual senador cartista Gustavo Leite, quien públicamente reconoció tener vínculos de amistad con grandes empresarios del sector cañero. Uno de ellos es el secretario de la Asociación Civil Comunidad Cenáculo del Paraguay, Carlos Morínigo Gamell, oenegé donde la esposa de Leite, Paola Serrati, es la presidenta.
Según declaraciones del cañicultor Édgar Ortiz, quien representa a unos 1.800 pequeños productores de la zona de Guairá, el empresario está adquiriendo grandes ingenios y también desarrolla convenios con grandes cooperativas para monopolizar la producción de caña de azúcar.
El trabajador aseguró que, con este nuevo proyecto de ley, se garantizaría el mercado y se justificarían las millonarias inversiones que realiza el amigo de Leite.
El proyecto de ley condiciona el uso de materias primas para la producción de etanol, en un porcentaje mínimo de 50% obligatorio de caña de azúcar. Actualmente, es el libre mercado el que establece los porcentajes para el uso de este material o el alcohol producido a base de maíz. Asimismo, se busca aumentar el porcentaje de mezcla del bioetanol al 30%.
Desde la Cámara Paraguaya de Biocombustibles y Energías Renovables (Biocap) señalan que esta legislación podría generar problemas significativos, como la especulación de precios, que, a su vez, no solo generará incertidumbre, sino también un inminente aumento en el precio de los combustibles. Asimismo, se señala que el proyecto atenta contra la libre competencia.
Si bien se puede interpretar que existen conflicto de intereses entre los afectados, no deja de llamar la atención el hecho de que el propio Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y Petróleos Paraguayos (Petropar), liderados por Gustavo Giménez y Eddie Jara –dos hombres claves del actual gobierno–, se pronunciaron contra la aprobación de este proyecto.
En lo que respecta al MIC, se hizo énfasis en las afectaciones hacia la libre competencia, así como la aplicación de sobrecostos. En tanto, Petropar mencionó que aumentar la mezcla de alcohol en las naftas podría generar corrosión de los motores y problemas en el sistema de arranque. Petropar menciona que, un estudio de la World Fide Fuel Charger (WWFC), señala que a partir de una mezcla del 20% de etanol se origina una disminución en la tensión del vapor de reid, lo que podría ocasionar fallas en el arranque del vehículo.
No obstante, el presidente de la República, Santiago Peña, no solo ignoró los dictámenes y pedidos de los sectores afectados, sino también desoyó las recomendaciones de sus propios colaboradores y decidió vetar solo dos puntos del texto. Uno de ellos sobre la obligación de que el Estado aumente su flota de vehículos flex y otro sobre las sanciones que se pueden establecer por incumplir con la ley.
Los dictámenes negativos por parte del MIC y Petropar generaron el disgusto de Gustavo Leite, quien, criticó a los titulares de ambas instituciones por no respetar un supuesto acuerdo al que se habría llegado sobre los puntos de este proyecto.
Si bien el senador cartista asegura que defiende a capa y espada el proyecto, movido por la empatía con los productores de caña de azúcar, por lo menos resulta llamativo su insistencia y el enojo que le causó no recibir el apoyo del MIC y de Petropar.
