La imagen sólida de sistema financiero paraguayo se inició durante la gestión de Dionisio Borda como ministro de Hacienda, durante el Gobierno de Nicanor Duarte Frutos (2003-2018) y que continuó con el mandato de Fernando Lugo (2008-2012). Su gestión fue un ejemplo de que las ideologías opuestas no suponen un impedimento para una efectiva administración económica.
Hace 26 años, Moody’s asignó una calificación crediticia por primera vez a Paraguay y luego de casi diez años de la última revisión al alza, el país subió su nota a Baa3 con perspectiva estable, lo que se conoce como grado de inversión.
En su última revisión, en noviembre del 2023, la calificadora internacional Fitch mantuvo la nota de riesgo de Paraguay en BB+ con tendencia estable. En esa oportunidad, la agencia había advertido sobre desafíos en términos de credibilidad fiscal. Por su parte, Standard & Poor’s aumentó la nota para Paraguay a BB+, a solo un escalón para llegar al grado de inversión.
Paraguay comenzó un proceso de reformas profundas y de construcción de pilares institucionales desde el 2002, enfocándose en alcanzar la estabilidad macroeconómica y fortalecer su sistema financiero. Para ello fueron necesarias una serie de reformas y adecuaciones.
Pasaron muchos años de transparencia, orden, previsibilidad y de lucha constante por blindar a la economía de los intereses de los partidos políticos para que el Paraguay consiga la tan ansiada insignia de grado de inversión. Pero a partir de ahora, queda un largo camino para mantener la calificación.
Los referentes y actores del sector económico concuerdan en que esta nueva calificación será clave para la atracción de nuevas inversiones y para reducir las tasas de préstamos. La coyuntura viene como anillo al dedo a las intenciones del Gobierno de aumentar sustancialmente los montos de las inversiones extranjeras.
Entre los planes de la actual gestión está aumentar de USD 8.000 millones a USD 12.000 millones las inversiones de este tipo, durante los próximos 5 años.
Asimismo, la situación tendrá un impacto positivo para el financiamiento de los grandes proyectos que están en su etapa inicial. Es decir, no hay dudas de que el grado de inversión favorecerá a la macroeconomía del Paraguay.
El actual y los siguientes gobiernos no solo tendrán el desafío de sostener la calificación, sino también tendrán que idear planes para que exista un derrame real del dinamismo macroeconómico sobre el bolsillo de la ciudadanía.
Una reforma eficaz de la caja fiscal, la reducción del porcentaje de ingresos tributarios destinados al pago a funcionarios públicos, contar con una mayor seguridad en la respuesta a los cambios climáticos, y preparar su capital humano para el momento en que las grandes industrias lleguen al país, son otros de los desafíos.
Aunque a muchos políticos les gusta creer que la mirada de los grandes inversores sobre Paraguay no será distorsionada por los constantes atropellos de la corrupción, estoy seguro de que ningún inversor realiza apuestas sin considerar todos los factores. Por esa razón es que también se deberá proteger celosamente a la coyuntura económica favorable de las malas decisiones políticas que debilitan a las instituciones.
Asimismo, de nada servirá jactarse de un grado de inversión si los beneficios no se ven reflejados en la generación de empleos de calidad y en el bienestar general de la ciudadanía, que está cansada de mirar cómo algunos sectores se llenan los bolsillos, mientras otros sufren un calvario constante para llevar el pan a sus hogares y cumplir con sus compromisos financieros.
