–¿Cuál es la función de la Oficina Técnica?
–A partir del 2020 empezó a reactivar otra vez sus funciones, porque la Oficina Técnica fue creada alrededor del año 2000. Fue para apoyar todo lo que era el nuevo sistema de juicios orales, sistema acusatorio, capacitar a los jueces y después eso quedó un poco parado. La ministra Carolina Llanes volvió a reactivarla en el 2020 y fue en ese periodo que se dictaron varias acordadas que ayudaron al desenvolvimiento correcto de los jueces y también a tener reglamentaciones sobre algunas cuestiones que no estaban bien regladas.
–¿Ayudaron las acordadas?
–Tenemos la acordada que insta a la aplicación de las medidas menos gravosas en los casos de prisión preventiva, para evitar las penas anticipadas y a descongestionar el sistema penitenciario. Hay otra muy importante sobre la aplicación de salidas alternativas al proceso. Entonces, se insta también a través de esa acordada a la aplicación de figuras como el procedimiento abreviado, la suspensión condicional del procedimiento, conciliaciones y otras que ayudan a que no todas las causas lleguen a juicio oral, porque sabemos que en esa etapa el Poder Judicial está muy sobrecargado de trabajo.
–Algunas son una réplica de la ley.
–Sí, es cierto que suele ser como un recordatorio para los jueces de las normas que ya están en el Código Procesal Penal o en leyes especiales, pero sirven para hacer hincapié a la política criminal de la Sala Penal de la Corte para evitar el abuso de la prisión preventiva o recordar que se puede echar mano y hacer uso de otras figuras procesales o aplicar beneficios penitenciarios en la etapa de ejecución penal. Entonces, son útiles para hacer hincapié en eso y que la Sala Penal, a través de la potestad que tiene de dirigir precisamente la política criminal de la Corte, recuerde a todos los jueces penales el uso de estas figuras que fueron creadas justamente para no congestionar el sistema penitenciario y no sobrecargar, sobre todo, la etapa de juicio oral y público.
–A través de una de esas acordadas se habló de la devolución de imputaciones.
–Sí, justamente revisar algunas cuestiones. Esto vino a, digamos, devolverle las atribuciones que las normas de procedimiento penal le dan a los jueces de Garantías para el control de las actas de imputación que muchas veces adolecían de falencias demasiado importantes y que se fueron subsanando con el tiempo. Esta acordada permitió la devolución de las actas de imputación que no reunían los requisitos que están en los artículos 302 y 303 del CPP. Entonces, se procede a devolver el acta de imputación a fin de que los fiscales corrijan o completen aquellos requisitos básicos que hacen a una imputación del Ministerio Público.
–¿Cómo fue la recepción?
–Hoy día podemos decir que muy bien. Las dos acordadas son aplicadas constantemente por los jueces de Garantías y también los de Sentencia al momento de hacer revisión de medidas cautelares. Creo que la recepción es positiva y sobre todo estas acordadas son útiles para el sistema para tratar de que constantemente los jueces vayan corrigiendo las imputaciones fiscales y brindándoles así las garantías a las personas imputadas y procesadas, a los efectos de poner en orden la investigación y la etapa preparatoria sobre todo. En cuanto a la aplicación de medidas menos gravosas, lo que estamos evitando son las penas anticipadas y la violación de garantías que están en la Constitución y también en herramientas que Paraguay ratificó a nivel internacional, sobre el uso y abuso de la prisión preventiva, en este caso.
–¿Hay algún parámetro que mida si mejoró o no?
–Sí. Justamente una de las funciones de la Oficina Técnica Penal es monitorear la aplicación y los resultados que tienen este tipo de acordadas. En ese sentido, los resultados han sido óptimos. Nosotros tenemos que los jueces cada tres meses están revisando, están incluso aplicando de oficio la revisión de medidas cautelares y todo lo demás, pero también hay que ser conscientes de una situación: Estas acordadas no van a solucionar todos los problemas que nosotros tenemos en cuanto al proceso penal en sí. Nosotros tenemos constantemente imputaciones que por día están ingresando al Poder Judicial, causas muy complejas, como así también causas que ingresan por un simple hurto de mercadería en algún local comercial o cosas que son realmente bagatelarias y que podrían haber sido solucionado ya antes de una imputación, pero estamos recibiendo ese tipo de cosas, porque sabemos que esto responde también a cuestiones de prevención, de políticas públicas y que no vamos a poder solucionar. Hacemos nuestro trabajo con estas acordadas, pero somos conscientes que las estadísticas también se incrementan.
–La ministra Carolina Llanes dice que van deformando el sistema. ¿Cuál es el problema?
–No solo es problema del Poder Judicial. Hoy día, se está también trabajando muchísimo en la Oficina Técnica en mesas de trabajo, tanto a nivel institucional como interinstitucional, con jueces y fiscales para tratar de establecer cuestiones de buenas prácticas judiciales. Una de las que más resultados nos está dando es el tema de las recusaciones. Hoy día, las defensas muchas veces aplican la recusación para dilatar el inicio de audiencias preliminares y juicios orales y retardar el normal transcurso del procedimiento. Esas cuestiones se está trabajando para implementar buenas prácticas, de modo a evitarlas. Esto no significa un desconocimiento al ejercicio de la defensa que tienen los ciudadanos y los abogados, sino que, más bien, el Poder Judicial tiene el deber de cuidar los plazos de prescripción, de extinción. Entonces, cuando detectamos que estas figuras son usadas para distorsionar el proceso en forma abusiva por la defensa, estamos estableciendo mecanismos y unificando criterios para evitar este tipo de situaciones.
–¿Y sobre los comisos?
–De nada sirve que tengamos condenas, penas privativas de libertad altas, si no realizamos también el comiso de bienes a los grupos criminales. Ahí es donde nosotros realmente hacemos que el crimen organizado pierda poder. Eso no puede ser la lucha contra el crimen organizado. La política criminal que hay a nivel mundial es que uno tiene que, paralelamente a la investigación, si la persona es culpable o no de esos hechos, también tiene que hacerse la investigación patrimonial de los bienes, producto del ilícito o si no, nosotros le estamos dejando como herencia a los criminales; una vez que cumplen su condena pueden disfrutar de esos bienes y listo; inclusive, todos sus familiares. Eso le otorga poder incluso para operar desde la cárcel. Eso es lo que la Oficina Técnica Penal este año trabajó muchísimo con los jueces, en tratar de asegurar con medidas cautelares aquellos bienes que son incautados y que son entregados a la Senabico.
