–¿Cómo ve esta evolución de la corrupción en la Justicia que cada cierto tiempo se evidencia en el país?
–Todo este escándalo lo que devela es la fragilidad de nuestras instituciones, y al decir fragilidad no se trata solamente de señalar que tenemos en Paraguay apenas una estructura meramente formal todavía vacía de contenido; es decir, tenemos cascarones de instituciones, pero que están absolutamente vacías de contenido republicano, y lo que es más grave, estos chats develan que esa frágil institucionalidad está al servicio del crimen organizado, es lo que debería llamarnos la atención, porque me parece que es un punto límite.
–¿Qué implica haber llegado a un punto límite?
–Cualquier situación de crisis institucional exige respuestas firmes de parte del Estado, y si coincidimos como lo han hecho los miembros de la Corte y el fiscal general de que la institucionalidad republicana está inficionada por el crimen organizado, está claro que el nivel de exigencia de la ciudadanía y el nivel de respuesta de las autoridades tiene que ser mucho más intenso, y eso es lo que está pasando y preocupa, porque como bien señalaste, este fenómeno es recurrente y se viene repitiendo en nuestra historia a lo largo de estos últimos 35 años.
–¿Podemos decir que, en este caso, lo nuevo evidenciado es la mano del crimen organizado, que entra gracias a la influencia política?
–Efectivamente es así, pero creo conveniente separar lo que llamamos como influencia de la política en la Justicia de lo que es directamente el crimen organizado operando desde las instituciones. El sistema republicano establece que los tres gobiernos públicos cogobiernan los países, y el sistema busca que la Justicia tenga un peso específico en la política, y eso se ve en decisiones, gestiones, que no necesariamente están mal, lo que debemos diferencias son las influencias que están orientadas a torcer la lógica del sistema republicano. Pero aún ese problema, que de por sí ya es preocupante, no tiene la gravedad de lo que está pasando hoy. Creo que no tenemos que referirnos en términos de influencia política con lo que está pasando, porque lo que está pasando es el crimen organizado operando desde determinadas personas que ocupan cargos en la política.
–¿Por qué es clave diferenciar estos aspectos?
–Esta distinción es clave porque la situación exige respuestas contundentes; entonces, si vamos a abordar el problema desde una óptica de cómo resguardar la independencia judicial, a lo mejor la situación no sería crítica, podemos encontrar fórmulas diversas. Pero si estamos hablando de enfrentar a las mafias, la capacidad de respuesta de las instituciones tiene que estar en otro nivel más sólido y contundente, y es lo que no se ve.
–Se plantea una nueva ley de carrera judicial como solución a este tema, ¿cómo ve esta propuesta?
–Todo lo que tiene que ver con mejorar la carrera judicial o la calidad de la judicatura, naturalmente que es auspicioso y hay que aplaudir, pero acá hay que señalar, primero, que el problema que estamos enfrentando no se arregla con leyes, hay que vencer el pensamiento mágico de que modificando leyes vamos a cambiar la realidad, las leyes ayudan y son una parte importante dentro de cualquier estrategia de solución, pero en este tipo de casos están lejos de ser “la solución”. Las leyes son consecuencias de diálogos políticos macro de decisiones que deben tomarse dentro de una línea firme.
–¿Cómo ve estos proyectos de ley elaborados?
–Paraguay tiene unos proyectos de carrera judicial bastante interesantes, perfectibles como todo, pero que están funcionando; así que no es un problema de leyes o falta de carrera. El problema es que el crimen organizado ha inficionado las estructuras, y que el nivel de respuestas de nuestras autoridades es muy superficial, blando y poco creativo, muy conservador, por decirlo elegantemente, o timorato, en términos más claros. Entonces, ahí tenemos que centrar nuestras fichas principales, para mi gusto, en una situación crítica como esta.
–También se señaló a la Ley de Financiamiento Político como una herramienta que no está funcionando para evitar el dinero de la mafia en candidatos, ¿qué opina de esto?
–Absolutamente, esas son herramientas que han sido probadas en las democracias de mayor intensidad y que han funcionado, pero de vuelta, de nada sirve tener las leyes si las instituciones, lo que decía al comienzo, están vacías de contenido. Esto es no están integradas por personas idóneas y honestas, no tienen equipo, no tienen estructura ni presupuesto; entonces, la ley per se no resuelve nada, tenemos que dotar de herramientas, tanto orgánicas institucionales como personales a esos entes que tienen a su cargo hacer cumplir esa ley de financiamiento, y ese es un buen ejemplo para marcar lo que yo llamo “la nula respuesta institucional” porque de qué sirve una ley, si la aplicación va a estar a cargo de los hermanos Alcaraz; si la Secretaría de Inteligencia está infiltrada; si la Seprelad está al servicio de las mafias; entonces, de nada sirve; la mejor ley que puedas pensar, va a fracasar en manos de estos actores. Tenemos que seguir hablando de leyes, de ajustes normativos y reglamentarios, pero eso está lejos de ser la línea estratégica adecuada para lidiar con el problema que estamos enfrentando.
–¿Qué interpreta cuando el Ejecutivo sigue manteniendo en sus cargos a los ministros salpicados por el escándalo de los chats?
–El Ejecutivo dio muchas señales, pero no las que esperábamos respecto a combatir el crimen organizado, de indignarse y mostrar firmeza en actos, al menos simbólicos. El Ejecutivo está dando señales que le muestran al crimen organizado que puede seguir operando a sus anchas, porque acá, en el peor de los casos, lo que le va a pasar a los actores involucrados es que van a ser objeto de sumarios de denuncias que terminan en saco roto necesariamente.
–¿Y el Congreso?
–El Parlamento también ha dado señales, porque quienes lo manejan, la mayoría cartista, mostraron que no están comprometidos con el saneamiento de la institucionalidad. Desde la expulsión irregular y arbitraria de la senadora Kattya González han dado muestras de que no le interesa la soberanía popular, que no tienen empacho en alterar la composición del Congreso, de no respetar las mayorías que se requieren para validar decisiones, les tiene sin cuidado la reglamentación que ellos mismos establecieron, han anulado todos los debates intensos cuando la situación les incomoda, llevando directamente a votación. Está clarísimo que, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, no están comprometidos con los aspectos que hacen al nervio democrático, a la generación de cultura constitucional.
–¿Y cómo ve la respuesta del Ministerio Público y de la Corte Suprema?
–A mí me gusta señalar en este momento que tenemos que dirigir nuestras fichas, de nuestros reclamos y quejas, al fiscal general del Estado y la Corte Suprema de Justicia, porque ellos, haciendo un esfuerzo muy importante, podemos seguir confiando en ellos, pero tienen que empezar a dar señales distintas a las que están dando. Se limitan a abrir sumarios, a decir que van a enfrentar esto con una investigación interna. ¿Cuál va a ser la reacción del crimen organizado cuando ven que todo lo que va a pasar, en términos de reacción estatal, solo van a habilitar sumarios? El crimen organizado va a redoblar todas sus apuestas porque sabe que tiene el arco libre, y por eso, este es un momento en que hay que mandar mensajes abstractos en términos republicanos, y a partir de ahí veamos qué herramientas tenemos, cuánto cuesta la solución, qué implica, pero no llegan los mensajes siquiera.
–¿Qué sensación le da esa falta de mensajes?
–Y es preocupante, estamos por tocar fondo. Yo trato de no ser alarmista, pero el crimen organizado operando a sus anchas, inficionando toda la estructura pública, digitando jueces, recibiendo informes y reportes para que en todos los niveles puedan ellos anticipar su jugada o salirse cuando hay allanamientos, para mi gusto eso debería ser considerado límite, y ante eso, creo que debemos exigir, incomodar a la Corte, a la Fiscalía, para que hagan su trabajo. Estamos de su lado, pero tienen que dar respuestas sin esperar mucho del Ejecutivo y el Legislativo, cuyas cabezas están demostrando que están jugando otro partido.
–¿Y cómo lee las señales del fiscal general del Estado?
–El fiscal general está demostrando que no está a la altura de las circunstancias, le queda grande el cargo, no se sacó nunca el traje de juez de garantías. El Ministerio Público requiere un perfil de gestión que la Constitución le exige y da herramientas; así que el fiscal está siendo timorato en este momento con su temor, y con su falta de coraje republicano está siendo funcional al crimen organizado, y la situación es inaceptable. Si va a seguir llorando miserias o justificando su incapacidad, lo que tiene que hacer es dar un paso al costado, porque no tiene excusas y tiene el monopolio de la acción penal pública; es decir, él y solamente él puede encargarse de esto, porque cualquiera de nosotros que quiera involucrarse no tenemos legitimación activa. Entonces, si no puede lidiar con los enemigos con los que está durmiendo, tiene que irse. No se puede tolerar su silencio cómodo y sus explicaciones vacías de contenido, así como su falta de compromiso cívico y republicano.
–¿Y la Corte Suprema?
–La Corte igual, los poderes públicos como la Fiscalía y Corte Suprema, en temas que hacen a la institucionalidad republicana, tienen la obligación de operar en un doble nivel, el de los expedientes que se han formado, donde hay reglas que pueden justificar una línea más prudente, pero al mismo tiempo, en un segundo nivel, el republicano, donde ellos tienen que mostrar que son cogobierno, que tienen la tarea de ponerle límites al poder público, reencausar la nave si está rumbo al naufragio, y en ese nivel republicano es en donde no hay respuestas ni mensajes, y preocupa. Cada vez que la Corte tuvo esa oportunidad, lo hizo, como por ejemplo cuando Marset amenazó a los jueces, donde todos los ministros de la Corte se posicionaron, en conferencia de prensa, diciendo a la mafia que no va a hacer lo que quiere, y a los jueces, que van a ser protegidos. Esos son los mensajes que hoy no se están dando, porque la Corte se contenta con operar en ese plano estricto del expediente, que va a durar años y no va a terminar en nada.
–¿Cómo podrían el fiscal general y ministros despegarse de las presiones y extorsiones de la clase política?
–Así como la lluvia moja, la política avanza, es voraz, por eso la división de poderes. Lo que no es aceptable es que se dejen extorsionar, que dejen que políticos le marquen la agenda. Si uno no quiere dificultad, que no se meta en ese tipo de cargos, que se dediquen a otra cosa.
