La actuación y la actitud de la fiscala Zulma Carolina Benítez Reyes, de la Unidad Fiscal de Caacupé, en el caso de la joven mamá que falleció en un accidente de tránsito minimizado,
inhumada como NN en una fosa común, rezuma demasiado desprecio al ser humano. Además de una insensibilidad tal, que infunde miedo pensar en cuántos otros casos en que le cupo intervenir a esta funcionaria del Ministerio Público habrá
desempeñado su tarea con el mismo desdén, indignidad y cero orgullo y respeto por lo que hace. Ella, como fiscala, debe defender los derechos del ciudadano.
Un video viralizado muestra las respuestas que la fiscala dio a la
madre y otros parientes de Karen Adriana Maciel (29) cuando le reclamaron por qué cometió el grave hecho de ordenar que sepultaran a la difunta en una fosa común en los pasillos del Cementerio del Este, sin haber realizado la mínima diligencia
para localizar a los deudos de la víctima, pese a que contaba con toda la información para hacerlo. Entre ellas, la identidad y dirección de la mujer. Molesta, al insistírsele por no
haber hecho bien su trabajo, la fiscala respondió a los familiares de la víctima: “No sé, no sé qué explicación darles, porque nosotros no pudimos llegar a ustedes y, de hecho, no
podíamos hacer nada si ya estaba muerta, ¿qué lo que iban a hacer más, enterrarla en un panteón o velarle?”
El respeto, el trato humano, las consideraciones hacia la persona dejaron de ser condición inherente a todo servicio público. Desde el momento en que el acceso a los cargos se validó que fuera a través del clientelismo político, las famosas recomendaciones de algún poguasu del momento (caudillos, presidentes de seccionales coloradas, padrinos políticos, etc.) todo se pervirtió en términos de atención, desempeño, resultados y en el orgullo que debe representar ser un servidor público y desarrollar una carrera como tal en base a los méritos y el esfuerzo personal.
Por eso esa propensión de cumplir la tarea carente de motivación, a medias e ineficientemente. No hay competencia ni fiscalización continua y efectiva del rendimiento de cada funcionario, ni exigencias para los ascensos. Priman más los contactos político-partidarios, el claquismo, la hermandad, las cofradías y hasta las relaciones sentimentales a la hora de promover a los funcionarios o aumentarles los beneficios.
Con estos factores vigentes, un ciudadano se halla a diario con
experiencias traumatizantes provocadas desde el mismo Estado, corrompido y corrupto, atestado en un altísimo porcentaje por funcionarios ignorantes, incompetentes, insensibles, con cero empatía y, en varias instituciones, mafiosos al acecho.
La familia de Karen lo está viviendo. Se encontraron con una ristra de irregularidades que muestran la inconsistencia de las instituciones que defender los derechos del ciudadano. En lugar de garantía y seguridad, avasallaron los derechos de la joven madre desde la Fiscalía y la Policía Nacional. Como no se sienten interpelados, sino apañados, ni siquiera mostraron interés por empatizar con quienes afrontan un drama, dolor e injusticia. Y ni hablemos de cumplir estrictamente con las normas. Fiscalas como la de esta historia de terror agudizan la desconfianza hacia la institución que representan. Decepcionan, generan temor y aumentan la sensación de vulnerabilidad y desprotección total. ¿Acaso alguien así puede defender nuestros derechos?
Con este ejemplo y otros cientos que involucran a otros agentes, la selección de los operadores de justicia tiene que ser mucho más estricta y, una vez en ejercicio, deben estar sometidos a evaluación periódica.
Hay que llenar de buzones de queja todas las oficinas fiscales y
canalizar con empeño los reclamos en ellos depositados. Ayudaría crear veedurías ciudadanas para fiscalizar el desempeño de los agentes fiscales y facilitar las denuncias vía web o por medio de una línea gratuita ante el Jurado de Enjuiciamiento de Mag i s t r a d o s.
