La DEA, la agencia federal de lucha contra las drogas, ya no trabajará con su par de Paraguay, sino con la Policía, explicaron responsables de la seguridad en medio de apurones que dejaron más dudas que certezas. Cuando se le consultó a Jalil Rachid sobre la decisión, el jefe antidrogas negó tal cosa. Al día siguiente, en una armada conferencia de prensa de la cúpula de seguridad, se improvisaron explicaciones. El comandante de la Policía, la institución beneficiada con el redireccionamiento de la cooperación, se enteró por la prensa. Carlos Benítez ni siquiera disimuló y admitió que accedió a la información de manera oficiosa a través de los medios, como dejando entrever “sin quererlo”, la improvisación.
Aunque el Gobierno intentó maquillar el asunto, en el Ministerio Público se encendieron las alertas. Especialmente para fiscales antidrogas. Emiliano Rolón señaló que la ruptura complicaba el panorama para su área; Brasil manifestó su preocupación por el impacto en la frontera teniendo en cuenta el manejo del territorio del crimen organizado de ese país en la frontera paraguaya.
El cartismo intentó defender la decisión hasta con declaraciones ridículas como la de Natalicio Chase, líder del bloque oficialista del Senado. Habló de regular “la injerencia extranjera y coordinar mejor las participaciones internacionales en cada país”. Si tal fuera la hipótesis, la DEA debería dejar el país. Porque su lógica es contradictoria. ¿Que la DEA coopere con la Senad es injerencia y no lo es si trabaja con la Policía?
Las disímiles explicaciones demostraron una vez más que las decisiones parecen no tomarse en las instancias institucionales, sino fuera de ellas. Y que solo para darle el cariz oficial aparecen los legisladores y funcionarios a dar explicaciones con relatos cuasi fantasiosos. Incluso en un tono casi vulgar, como el ministro de Comunicación, Gustavo Villate, quien aludió la filtración del dato “a una «pichadura» de una persona en especial». Aunque al menos admitió fallas en la comunicación.
Esta es la parte más peligrosa de la historia. Aparte de no dar las razones valederas del por qué de la delicada decisión, el Gobierno tampoco supo convencer de su nuevo rumbo en materia de lucha antidrogas. Como toda nación soberana tiene el derecho de modificar las reglas de una cooperación, hacer evaluaciones y redireccionar roles. Como no se dio en este marco, lo sucedido excede una simple falla de comunicación.
En el país donde reina el crimen organizado y pisa fuerte la narcopolítica, una decisión de estas características solo levanta sospechas. No hay manera de luchar contra el crimen transnacional sin cooperación internacional. La Senad es la Cenicienta entre los organismos de control por su falta de recursos y tecnología, además de la corrupción de sus miembros, varios de ellos conectados a la clase política. No tiene capacidad operativa para semejante tarea, a no ser que la intención sea debilitar su rol. Lo cual eleva aún más las dudas. La lucha contra el narcotráfico en Paraguay empieza y termina en la política y si no se está dispuesto a dar esta batalla, tal vez tirar la toalla sea la mejor estrategia.
La semana termina con más preguntas que respuestas. Para evitar más contradicciones, Jalil Rachid se fue “de vacaciones”, según sus voceros, mientras el ministro del Interior Enrique Riera entretiene criticando la angurria de sus correligionarios legisladores y el comandante de la Policía intenta encontrar oficinas para sus nuevos inquilinos con quienes no sabe aún cómo trabajar.
AFINANDO EL LÁPIZ. En medio de estas sospechas sobre la política antidrogas, la integración de una simple comisión de amistad precisamente con EEUU generó un aumento repentino del voltaje colorado y más que una crisis, mostró una revelación.
La senadora colorada disidente Lilian Samaniego denunció con tono amplificado una persecución por parte Antonio Barrios; senador y médico personal de Horacio Cartes. Lo enmarcó dentro del “entorno maldito” del ex presidente de la República.
Ante el retorno del Partido Republicano al poder, el cartismo ya no sataniza al país del norte. Como su objetivo es que el trumpismo levante cuanto antes las sanciones políticas y económicas contra su líder, ahora quiere copar todos los nexos con EEUU. Y Lilian, después de Mario Abdo Benítez, está sindicada como la culpable de que el tabacalero integre la lista negra. “Ella hizo fuerte lobby para apretar a Cartes”, dijo muy claro el senador Derlis Maidana.
La reacción de Samaniego es de ajedrez. En realidad, tiene otro objetivo: Convertirse en la líder de la disidencia republicana. Los colorados saben por instinto, como el tiburón que huele la sangre, que la interna explotará más temprano que tarde y que es necesario un liderazgo que aglutine a los heridos y contusos. Es un ciclo natural. El Estado es un gran negocio, pero no alcanza para todos. La llanura es el combustible que alimenta la ira de los desterrados de los eternos privilegios del poder. Y Lilian, probablemente una de las dirigentes con mayor peso histórico en el partido, que conoce con pelos y mañas a cada uno de los dirigentes, decidió levantar esa bandera. Incluso ya lanzó una provocación: “Seré la ambulancia republicana que recoja a los heridos cartistas”. Se refiere a la disputa de poder que empezó en Honor Colorado y que la elección de candidatos municipales profundizará.
El año político se va cerrando con grietas que pueden cambiar el mapa en el 2025.
