La Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV) presentará un proyecto de ley para modificar la legislación referente al tránsito, donde se plantean penas de entre 6 y 10 años, por muertes en accidentes de tránsito.
Entre las modificaciones que promueve es que directamente se remitan a la Fiscalía en caso de que los niveles de alcoholemia sean de 0,450 a 0,900. También presenta la distribución del monto percibido por las multas entre la ANTSV, la Fiscalía, la Policía Nacional y las Municipalidades.
Dos profesionales del Derecho analizaron el anteproyecto. Uno de ellos ve una posible inconstitucionalidad, y la redacción algo confusa que podría traer errores en la aplicación. El otro también ve que debe mejorar la redacción en varios puntos, y cuestiona el tema de la distribución de las multas.
Un punto del proyecto de ley podría ser inconstitucional
El doctor Jorge Bogarín, ex juez, quien incluso integró la terna para fiscal general, explicó que uno de los puntos del proyecto de ley podría ser inconstitucional, debido a que pena con 5 años a quien se niegue a realizarse el alcotest. “Esto podría violar el artículo 18 de la Carta Magna, ya que nadie está obligado a declarar contra sí mismo”, explicó.
Señaló que el proyecto busca llenar una laguna de la última ley que estableció las faltas leves, graves y gravísimas, pero no determinó el grado de alcohol en la sangre, lo que motivó los fallos de la Corte. Con el proyecto, se establece la obligación de enviar al Ministerio Público, cuando la persona tiene de 0,450 a 0,900 en el cuerpo.
Explicó que el delito de exposición al peligro en el tránsito es un delito de peligro, donde el conducir alcoholizado y drogado, ya está. Pero con el proyecto hay una agravante que lo convierte en un delito de resultado, cuando produce la muerte.
Dijo que no se habla de dolo o culpa en los accidentes de tránsito, que es el gran debate que se da ahora como consecuencia de lo que se dio en un caso de accidente de tránsito, alegó Bogarín.
“Se necesita un debate más profundo, y no legislar en forma pasional, reaccionar con algunos hechos que se dieron y buscar parches legislativos, lo que hace que se produzcan confusiones”, afirmó.
Remarcó que el proyecto puede ser confuso, ya que mezcla hechos punibles. “Técnicamente es un poco confuso. Entiendo la intención, pero hay que promover un debate serio”, sostuvo.
Refirió que podría darse un concurso complicado de delitos, y que no cumplía con el principio de taxatividad. Las leyes deben ser claras, para evitar confusiones en su aplicación, explicó.
Autoridades podrían asumir una conducta persecutoria
El doctor Derlis Céspedes, ex fiscal y ex ministro de Justicia, dice que el proyecto tiene varios artículos que se deben mejorar. No está de acuerdo con la forma de distribuir las multas, porque las autoridades podrían asumir una conducta persecutoria con el afán de recaudar.
Está de acuerdo con que es necesaria la modificación, porque le parece que la ley penal y la administrativa deben converger en un punto para saber cuál de ellas debe ser aplicada al caso.
Dice que se debe determinar bien cuándo es delito el beber, ya que no todo podría dejar intoxicada a la persona. Una copa de vino y un vaso de cerveza no tendrían que penalizarse, porque no necesariamente están intoxicados, sino que debe ser una vez que se superen ciertos límites. Se debe establecer a partir de qué momento es punible.
Alega que debe revisarse la redacción. Sobre los defectos físicos, alega que no cree que sea el término adecuado y que se debería consultar con la Secretaría de DDHH de las Personas con Discapacidad. Le parece exagerada la sanción a los que se fugan con 1 a 6 años. Dice que no hay que criminalizar, sino que debería seguir siendo delito.
Sobre la posible inconstitucionalidad, alega que concuerda con eso, pero que la persona también puede someterse voluntariamente y que se le debe advertir la posibilidad de no hacerlo.
Sobre carecer de licencia, alega que hay que aclarar si es que solo se olvidó el carné de conducir o si nunca lo tuvo.
“Por último, a mí no me parece que los que apliquen la ley penal deban recibir las multas. Va a tender a distorsionar la aplicación de las leyes. Los agentes encargados de hacerla cumplir podrían asumir una conducta persecutoria, con el afán de recaudar”, dijo. Se opuso a que vaya al Ministerio Público.
