Sostiene que el gobierno de Mario Abdo Benítez “no está preparado” para defender los intereses nacionales. Recuerda que su administración entregó “sistemáticamente” la soberanía hidroeléctrica a través de varios hechos, entre los que se citan el acta secreta de Itaipú del 24 de mayo de 2019, ratificada luego con pequeños cambios, el 11 de diciembre de 2019 como una carta-convenio entre ANDE, Eletrobras e Itaipú, en una “reiteración de la política de sometimiento a los intereses del Brasil, liderado por Jair Bolsonaro”.
PLAZO. El experto afirma que Abdo Benítez “no debe negociar nada”, ya que el plazo para revisar el Anexo C se inicia recién el 14 de agosto de 2023, después de 50 años de ratificado el Tratado de Itaipú. Asegura que la política del actual mandatario “es de entrega de la soberanía”, evidenciada en diversos hechos impulsados por su gobierno.
“Si él (Abdo Benítez) negocia, el Paraguay perderá una oportunidad histórica para obtener lo que nos corresponde en justicia”, expone.
COSTOS. Para Canese, a partir del 2023, la deuda de Itaipú será cero y eso generará que el costo de la tarifa del servicio de la electricidad baje.
“En nuestra opinión, y de la misma Contraloría, la fijación de una tarifa por debajo del costo entre 1985 y 1996 fue ilegal y ello favoreció a las subsidiarias de Eletrobras (de Brasil) en un 98,5%. Esto debe ser considerado al revisar el Anexo C, pues la deuda de Itaipú, si tales subsidiarias pagaran a la binacional lo que el Tratado exige, debería ser cero, no solo ahora, sino varios años atrás”, puntualiza.
Insiste que en caso de respetarse el Tratado, el Estado paraguayo debería tener beneficios retroactivos de USD 1.000 millones al año, desde el momento en que la deuda de Itaipú debió ser cero, según dictamine la Contraloría antes de mediados de año, explica el profesional.
Por otra parte, Paraguay podría exigir tener acceso a la misma cantidad de potencia subsidiada (a USD 10 kW/mes) como contrató en un 98,5% el Brasil, por debajo del costo, y no a la tarifa de USD 22,6 kW/mes que ahora aplica Itaipú, para gran beneficio de la ANDE y el país, según señala Canese.
“Se debería eliminar el concepto de ‘compensación por la cesión de energía’ y reemplazarlo por el de ‘beneficio por exportación a precio de mercado’, como rige para todos los bienes y servicios que el Paraguay exporta y es norma en el Mercosur”, apunta.
El Brasil tiene apenas el “derecho de adquisición” y no es un derecho de confiscación, por lo que el Paraguay tiene el derecho de recibir ofertas de cualquier firma, debiendo darle el derecho de preferencia a Brasil a “justo precio”, a igualar la mejor oferta, con base en documentos, asegura Canese.
Escenario futuro
El Anexo C fija las condiciones de abastecimiento, el costo del servicio de electricidad, los beneficios correspondientes al Paraguay, dentro o fuera de tal costo, y la tarifa de Itaipú, explica Ricardo Canese, y asegura que por ese motivo es “de la más alta importancia para el país”. “El pago de la deuda está en el costo del servicio de electricidad y se reduce a cero en el 2023. Esto traería más beneficios al Estado (unos USD 1.000 millones al año) a la misma tarifa actual, o bien, a una tarifa de compra para el consumo local mucho menor, lo que posibilitaría contratar toda nuestra potencia y energía, y poder exportar libremente lo no consumido a precios de mercado”, dice.
