Todas nuestras debilidades institucionales nos han llevado a ocupar un lugar de dudoso privilegio en todos los ránkings de criminalidad, delincuencia y corrupción. Para cambiar esta condición de país epicentro de todo tipo de tráficos ilegales, es inmenso el trabajo que se debe realizar, particularmente desde las instituciones del Estado. No basta con mejorar los controles, se deben sanear las entidades gubernamentales de autoridades y funcionarios comprometidos con el narcotráfico y el crimen organizado, y preservar nuestra soberanía.
La incautación de cargamentos de cocaína, ya sea rumbo a algún puerto europeo o en un puerto europeo, siempre puede ser considerada una buena noticia. Lastimosamente para nosotros, son una verdadera desgracia, pues dichos cargamentos de drogas a menudo han transitado por nuestro país primero, y después han sido embarcados desde algún puerto del Paraguay.
Hace apenas dos semanas, a través del Operativo Dulzura, se incautaron un total de 4.013 kg de cocaína, ocultos en cuatro contenedores cargados con bolsas de azúcar que tenían por destino Amberes en Bélgica. El decomiso se dio en el puerto Caacupemí, del barrio Zeballos Cué de Asunción. En este caso, llama la atención que los escáneres no hayan detectado el cargamento; se aclaró además que en este envío, la carga de cocaína estaba en bolsas y no en panes, lo que implicaría gran cuidado de parte de los grupos criminales para hacer pasar las drogas dentro de los controles de los equipos. De acuerdo con los funcionarios ni los perros pudieron detectar la droga y es de presumir que el grupo criminal manejaba información.
Otro hecho llamativo y que se repite sistemáticamente es el hecho de que nuestras autoridades nunca han sido capaces de identificar a los principales responsables. Como en el presente caso de la droga hallada en un cargamento de azúcar, solamente un transportista fue detenido, lo que equivale a decir que los verdaderos responsables del cargamento siguen impunes y en libertad.
Tomando esta incautación como una victoria, el presidente Santiago Peña había afirmado: “Hoy la droga no sale del Paraguay, hoy la droga es ya confiscada acá en nuestro territorio. Ahora el gran desafío es evitar que la droga ingrese a Paraguay”. La realidad contradijo sin embargo al primer mandatario, pues una semana después la Guardia Civil de España decomisó una carga considerada histórica por ellos. Se trataba de cuatro toneladas de cocaína de alta pureza que —una vez más— salió desde Paraguay. La droga estaba oculta en un cargamento de arroz exportado desde nuestro país.
En un reciente reportaje de una cadena de noticias internacional se referían a Paraguay como el cuarto país con mayor criminalidad organizada en el mundo; según el reporte, la corrupción estatal, nuestra posición geográfica estratégica, la narcopolítica y el contrabando de cigarrillos serían algunos de los factores que nos llevaron a esta posición. Todas estas condiciones nos han convertido en un verdadero hub, o centro de distribución de, prácticamente, todo lo ilegal. Como, por ejemplo, el dato de Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Internacional que nos ubicó en la posición más alta respecto al tráfico de armas de América Latina y el Caribe en 2023 y nos situó por delante de Brasil, Colombia, México y Venezuela. El operativo Dakovo, del año pasado implementado por el Ministerio Público, la Senad, la Policía Federal de Brasil y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, es un ejemplo de ello y derivó en la incautación de armas y dinero en efectivo, producto del comercio ilegal entre Paraguay y Brasil.
Es un gigante desafío lograr que nuestro país deje de ser el hub utilizado para realizar conexiones en el mundo criminal. Pero mientras en el Paraguay no se neutralicen y descarten la influencia de la narcopolítica y la corrupción generalizada en la vida social, política y económica no haremos avances. Las roscas de los criminales disponen incluso significativos recursos y contactos para acceder a documentos con contenido falso.
Es, pues, nuestra institucionalidad la que deberá ser reforzada, y la exigencia de transparencia y honestidad a los funcionarios debe ser permanente. Solo así el país podrá recuperar su autonomía frente al embate del narco y del crimen organizado.
