La organización IDEA Internacional presentó en 2022 un informe sobre el estado global de la democracia en el que concluía que la mitad de los gobiernos democráticos del mundo están en declive. Detallaba que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe presentan un desempeño democrático de nivel medio, a excepción de cuatro, y entre ellos citaba a Paraguay por su bajo desempeño.
Tras ese informe, un ranking de las mejores democracias, elaborado por The Economist, ubicó a Paraguay entre los países con democracias defectuosas. En esta misma línea aparece en 2023 el diagnóstico del Latinobarómetro, en el cual hablan de una recesión democrática de América Latina. En aquel Informe de 2023 sostiene que Paraguay es el país con actitudes más autoritarias de toda la región, y llamaba la atención sobre el hecho de que el país es gobernado por el Partido Colorado desde el año 1948, y que apenas un periodo hubo una alternancia que fue interrumpida, a criterio de muchos, por un golpe de Estado parlamentario.
Esta democracia imperfecta, hoy en día seriamente amenazada por un retorno del autoritarismo y el copamiento de los poderes del Estado, fue capaz hace 32 años de lograr un gran pacto ciudadano cuando se formularon acuerdos con una nueva Constitución, que sin duda reflejaba los ideales democráticos, así como también el rechazo de la dictadura y todo lo malo que esta representa. Aquella Constitución estableció el equilibrio de los poderes, dando preeminencia ciertamente al Congreso, pero fue sobre todo un gigantesco “nunca más a la dictadura, nunca más a un Stroessner, nunca más la reelección”.
Ese visceral rechazo se fundamenta precisamente en el modo stronista de captura de las instituciones del Estado paraguayo por parte de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Partido Colorado, uno de los pilares de la dictadura, y la identificación del partido con el gobierno, una perversión que todavía no la hemos superado, perversión que ha sido el germen del clientelismo, del prebendarismo y del autoritarismo.
Es por esto que hoy no podemos relativizar lo que llevó a cabo la bancada colorada cartista junto a sus satélites, la pasada semana, pues fue un duro golpe para el sistema democrático. Es sumamente grave que, precisamente, en el Parlamento Nacional no se permitan los debates, y que, en cambio, usen la mayoría para ajustar reglamentos y decidir arbitrariamente la pérdida de investidura de opositores. Este gesto supone un profundo y encarnizado desprecio por la Constitución y sus instrumentos, de otro modo no se explica que hayan forzado una mayoría de 23 senadores colorados y satélites para expulsar a un opositor, pero cuando les convino habían cambiado el reglamento para salvar a sus correligionarios bajando el requisito de votos. Lo que hicieron fue arbitrario y señala un camino que desemboca directa e irremediablemente en un gobierno autoritario. Un gobierno autoritario es dictadura, y solo en dictadura no se admiten las voces críticas ni el disenso. Estamos viviendo un proceso de acelerado deterioro de la institucionalidad democrática, precisamente cuando esta democracia que tanta sangre, dolor y lágrimas ha costado, cumple 35 años. Nos urge, por lo tanto, recuperar el respeto a nuestras instituciones y dotarlas nuevamente de la necesaria honestidad, profesionalidad, moral y ética.
Se debe reconstruir la confianza en las instituciones; la ciudadanía necesita ver en su clase política integridad, honestidad, decencia y compromiso, y las autoridades deben recordar siempre que su tarea es fundamentalmente servir al pueblo que lo ha elegido, y no servirse de él.
