Marian Quiroga
En el país existe una debilidad institucional con relación a los derechos de la niñez y la adolescencia. Esto se debe a que en todos los gobiernos que se han sucedido “no hubo voluntad política” en este campo, sostiene la defensora pública civil ante la Niñez y la Adolescencia y Niñez y Adolescencia de la Capital, la abogada Bettina Ovando.
“En realidad lo podemos calificar con un ‘bueno, lo estamos peleando’, y eso se ve en que no hay suficiente inversión de presupuesto financiero y, por ende, de mayor número de recursos humanos calificados”, refiere Ovando.
Para avalar esto, la profesional invita a fijarse en el presupuesto de este y de los dos gobiernos anteriores en lo que se refiere a la niñez y la adolescencia.
Según la profesional, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, ente rector de políticas públicas en este campo, no tiene la posibilidad de ejecutar o realizar acciones por falta de rubro.
“Por más buena voluntad y preparación que tenga la ministra actual. Como ejemplo les puedo decir que la Dicuida (Dirección de Cuidados Alternativos) no cuenta con suficientes familias acogedoras ni hogares albergues para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad a nivel país, lo cual dificulta el trabajo jurisdiccional”, añade.
DERECHO DEL NIÑO POR SOBRE TODO
En cuanto a si se cumplen los preceptos que hablan del principio-interés superior del niño, la defensora pública responde que no es así en un 100%, aunque aclara que ello no significa que tanto la instancia administrativa como jurisdiccional no estén trabajando para lograr ese objetivo. “Creo que elementos externos a cada institución son los que no ayudan a lograr el objetivo, pero se está trabajando cada vez mejor y en forma interinstitucional para ello”, aclara.
Ovando también indicó que el operador de Justicia cada vez está más preparado para que se protejan los intereses de los niños y las niñas en los procesos judiciales.
“No obstante, aún falta. A mi criterio, falta una buena fundamentación en las resoluciones judiciales, la sola invocación del ‘interés superior del niño’, en una resolución no es suficiente para fundamentar una decisión; se debe dar contenido a ese principio, decir los motivos. Se necesita que se analicen los derechos en juego y cómo la solución que se propone protege mejor esos derechos del niño, niña o adolescente”, menciona.
LOS PADRES SE DIVORCIAN, LOS HIJOS NO
Existen todo tipo de conflictos que afectan al sector, como por ejemplo, conflictos entre los padres o tutores, divorcio, régimen de relacionamiento, y otros, en los que, muchas veces, los menores de edad no tienen nada que ver y en los que se espera que se respete realmente el derecho del niño, la niña o el adolescente en los expedientes judiciales, que en su mayoría al llegar a esa instancia, el ánimo de las partes no es precisamente conciliatorio.
“El ver o tratar al niño, niña y adolescente como un ‘trofeo’ de las disputas de los adultos lastimosamente es común entre los padres; es una pena que no tengan la capacidad y madurez para y por los hijos de tratar de llegar a acuerdos, los hijos siempre necesitan a ambos progenitores”, expresa. Para la abogada son más los propios padres quienes utilizan a sus hijos y los involucran innecesariamente en el conflicto judicial, y no el órgano jurisdiccional, aunque en ocasiones se puede prestar, “pero no es la generalidad ni lo normal”.
En todos los casos, sean administrativos o judiciales, siempre se debe atender el interés superior del niño.
“Obviamente siempre hay una parte conforme y otra no, pero por ello, también es importante que el profesional del Derecho, tenga claro que no es su parte la que debe ganar el juicio, sino que es el niño, niña o adolescente el principal sujeto, a quien la decisión judicial debe beneficiar”, finaliza Bettina Ovando.
Para la primera infancia
El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022 tiene previsto apoyar a favor de la primera infancia. Para el efecto, prevé una inversión aproximada de 3,3 billones de guaraníes.
Se busca atender en servicios de primera infancia a 4.732 niños. Las entidades que intervendrán son el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, entre otras. Las actividades centradas en los servicios, prestaciones y gastos relacionados directa e indirectamente con niñas y niños de 0 a 8 años, mujeres embarazadas y sus familias.
