Por Hugo Royg, socio de ADEC
En una casa familiar a 80 km de Asunción, junto a un arroyo, hemos pasado energéticos fines de semana en familia. Hace unos años, organizamos una colecta de libros y juguetes para una escuela en Itá Morotî, Piribebuy. Era la primera escuela de la reforma educativa. Descubrimos con sorpresa que estos eran los primeros libros de cuentos que los alumnos recibían, y que los niños y niñas de quinto y sexto grado realmente no sabían leer, pues memorizaban lo que decían los murales y afiches en las paredes del aula.
Este hecho genera varias reflexiones. Existe una gran brecha entre lo que debe hacer el sector público y la realidad de nuestro país. Es importante recordar que la construcción de un país es un desafío colectivo. El Estado debe producir bienes públicos; el sector privado, generar bienes privados y riqueza; y la sociedad civil, poner en la agenda los sectores olvidados por las políticas públicas. Estos tres agentes deben trabajar coordinadamente para alcanzar el bienestar social, fin último de la democracia.
La experiencia en Itá Morotî también me hizo entender por qué las calificadoras de riesgo no nos otorgan el grado de inversión. La necesidad de intervenir para que en aquella escuela se tuvieran libros evidencia la debilidad institucional que las agencias internacionales mencionan como causa del estancamiento de Paraguay. Esto revela cómo el sector público es deficiente en una de sus funciones más básicas: Garantizar derechos.
El proyecto de ley “Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro” y los argumentos esgrimidos por sus proponentes, muestran claramente la debilidad institucional existente. No se hace lo que se debe desde el sector público, y los actores políticos del legislativo y ejecutivo impulsan políticas públicas que censuran libertades en lugar de buscar eficiencia para alcanzar mejores niveles de calidad de vida.
Este proyecto de ley desequilibra la necesaria coordinación entre los sectores y produce debilidad institucional e inseguridad jurídica, lo cual se traduce en costos económicos. Esto generará más dudas entre los inversionistas sobre la seguridad jurídica en nuestro país. Es preocupante porque muchas ONG pensarán dos veces antes de complementar la acción de las políticas públicas vinculadas al bienestar. Además, muestra a los inversionistas extranjeros que en Paraguay se pueden aprobar nuevas normativas excluyentes y con pocos fundamentos económicos y jurídicos, alterando las reglas de juego.
En las políticas públicas, importa tanto el “QUÉ” (nuevos instrumentos) como el “CÓMO” se discuten y definen son importantes. La participación en democracia no se limita al voto, sino que se extiende a todas las esferas del accionar político. Estar informados sobre los procesos de elaboración de leyes y contar con espacios para emitir opiniones son aspectos fundamentales que deben estar garantizados.
El ambiente político entre todos los actores es tan importante para el inversor como la estabilidad macroeconómica. Escenarios de imposición, poco diálogo y escasez de aportes transmiten señales de riesgos políticos futuros. Ambientes de seguridad jurídica y respeto a los contratos sociales transmiten confianza para visualizar escenarios adecuados para la inversión y el ahorro. Discutimos más que una “Ley de Control”; discutimos señales sobre si la construcción del futuro será incluyente o sectaria, si surgirá de una visión estratégica de desarrollo o de luchas políticas de poder. Demostraremos si somos un país confiable, donde la gobernanza se basa en construir consensos, o si todo se reduce a decisiones unilaterales e inconsultas. En síntesis, es una señal clara a inversores y paraguayos sobre nuestro futuro bienestar económico y social.
