Si las normas vigentes se cumplieran a cabalidad, otra sería la situación. Pero, como otras leyes, se respetan solo parcialmente y se implementan con trampas, dando señales al interior del servicio civil y a la ciudadanía que debilitan la confianza en la institucionalidad y eliminan cualquier posibilidad de contar con un aparato profesionalizado.
Un ejemplo es el de los concursos que deben realizarse para el acceso de nuevos funcionarios y la promoción de quienes ya están dentro. En el primer caso, si bien se ha avanzado en su implementación, los llamados direccionados a algún candidato específico, la falta de difusión, los procesos con falta de transparencia y conflictos de intereses limitan su eficacia y eliminan la posibilidad de que personas con capacidad se presenten a los mismos por la desconfianza.
En el caso de la promoción, a pesar de que el Ministerio de Hacienda señala que no aceptará recategorizaciones sin concurso, no es un secreto que la discrecionalidad, la influencia política y el amiguismo mantienen una fuerte presencia.
El mal funcionamiento de este pilar de la gestión de los recursos humanos se traduce en un servicio civil partidizado y con la sobrerrepresentación de un color político incluso en ámbitos que reivindican la existencia de una carrera profesional.
En segundo lugar, genera una gestión débilmente direccionada a resultados, ya que la posibilidad de permanecer y ascender de la mayoría de los funcionarios no se encuentra vinculada a su eficacia, sino al cumplimiento de las instrucciones de políticos o autoridades que cambian con cada nuevo gobierno. Así, el país tiene desde operadores políticos en los territorios con supuestas funciones técnicas hasta una alta gerencia que sucumbe ante las órdenes superiores dadas en el marco de un ambiente en el que no se penalizan el tráfico de influencia, la colusión empresarial o la puerta giratoria.
Paraguay está haciendo una fuerte inversión en la formación de jóvenes en el exterior. La mayor queja de ellos es justamente la ausencia de mecanismos de ingreso. Esta debe ser una señal de alarma para quienes deben garantizar el buen cumplimiento de la normativa vigente.
La intención del Parlamento socava el marco regulatorio al tratar de implementar una política de gestión de recursos humanos a través de una norma presupuestaria. La institución que debe garantizar la calidad de las regulaciones es la que pervierte y termina obstaculizando cualquier posibilidad de construir un Estado que ponga en primer lugar el bien común.
Este es el tipo de decisiones que demuestran que las reformas que impulsivamente algunos sectores propusieron solo eran discursos vacíos de intenciones de mejoras; al contrario, crean un contexto de conflictividad y desconfianza que no contribuyen a la construcción de un debate inteligente y constructivo sobre las reformas que requiere el país para salir de su bajo nivel de desarrollo.