Si pertenecés a la minoría privilegiada del país que alguna vez pudo transponer las fronteras y, sobre todo, a ese grupo todavía menor que necesitó gestionar una visa para viajar a los Estados Unidos te habrá tocado en suerte completar unos desopilantes cuestionarios en los que te preguntan, por ejemplo, si tenés pretensiones de traficar con drogas o cometer algún acto terrorista. La primera reacción ante la consulta es de perplejidad ¿Quién que tuviera en realidad esas oscuras intenciones sería tan cándido de confesarlo en un formulario rutinario de la embajada?
En realidad, el papelito en cuestión es más que una simple pieza burocrática. El documento tiene carácter de declaración jurada. Si luego de suscribirlo alguno de los firmantes fuera descubierto comerciando drogas en suelo estadounidense, además del tráfico ilegal, habrá incurrido en el delito de perjurio, una figura que por sí sola puede significar hasta diez años de prisión, dependiendo del estado donde lo pesquen.
Faltar a la verdad en una declaración jurada es tan grave como hacerlo ante un tribunal; no es una simple mentira, es un delito. Los niveles de gravedad que se le atribuyen responden a la necesidad de que, quienes dan testimonio ante la Justicia, se ajusten a la realidad. La falsedad o las medias verdades pueden prostituir por completo todo el proceso.
En Paraguay, la figura de la declaración jurada tiene rango constitucional y pretende hacer efectivo uno de los requisitos fundamentales para el funcionamiento de la democracia la transparencia en la gestión pública. Quien vaya a asumir un cargo en el Estado está obligado a presentar una declaración jurada de sus bienes, y otra al dejarlo.
El objetivo obvio es poder cotejar los ingresos y gastos que registró en ese periodo, y en cuánto se incremento su patrimonio. Si no hay correlación y se hizo más rico de lo que sus ganancias lícitas le permitirían, se presume que tuvo ingresos no lícitos, ganancias espurias. La hipótesis inevitable es que se quedó con dinero público, que nos robó. Por esta razón, la declaración jurada de bienes de los funcionarios no es cualquier cosa; y cometer perjurio en su presentación es y debe ser tratado como un delito sumamente grave.
Lo dicen la lógica constitucional y el sentido común; pero, como ninguno de los dos tiene mayor relevancia para los diputados colorados y los liberales cartistas, impusieron su mayoría de horda para convertir la declaración juramentada en un chiste de mal gusto. Por obra y gracia de estos impresentables, quien asuma un cargo declarará lo que le venga en gana.
Si por algún accidente se descubre que tienen dos o tres estancias sin registrar, pedirán disculpas muy compungidos por ese olvido inocente y rectificarán el documento. Y punto. Y lo volverán a hacer las veces que les pillemos. Y eso será todo. No habrá la menor consecuencia, salvo que los demás no solo sentiremos que es muy probable que silenciaran esos bienes porque los consiguieron a costa nuestra; también que, además de robarnos, nos toman del pelo.
Por si hubiera alguna duda, el principal defensor de este esperpento fue -cuándo no- el vocero in pectore del cartismo, el diputado Basilio Núñez, justamente uno de los que padecieron de esta amnesia selectiva a la hora de declarar sus bienes. Es entendible; cualquiera olvida que tiene una estancia… o dos.
Por una de esas coincidencias notables, otro desmemoriado fue nada menos que el líder del diputado, el tabacalero Horacio Cartes, quien siendo presidente de la República en ejercicio padeció de una desmemoria oportuna ninguneando en su declaración jurada a tres empresas de maletín registradas a todo trapo en Panamá cuando empezaron a ventilarse datos de investigaciones de Estados Unidos sobre lavado de dinero.
Los senadores todavía pueden evitar otra estocada a la menguada credibilidad del Legislativo. Se necesitan 23 votos para impedir que esta pieza clave para la transparencia degenere en otra joda pública.
