Declaración jurada de bienes
La senadora cartista Lizarella Valiente considera que el examen de correspondencia que hará la Contraloría es una “magnífica oportunidad” para demostrar con documentos todo lo que posee. La parlamentaria omitió préstamos para la compra de su casa y su campaña electoral.
El ex ministro del Interior Arnaldo Giuzzio dio detalles a la Comisión Bicameral sobre la denuncia presentada ante la Seprelad con relación al supuesto esquema de lavado de dinero dirigido por el ex presidente Horacio Cartes.
El Ministerio Público presentó este jueves acusación contra el ex ministro de la Vivienda, Dany Durand, por declaración falsa.
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, promulgó este lunes el protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco.
La Cámara de Senadores aceptó el veto del Poder Ejecutivo al proyecto de ley que pretendía despenalizar los olvidos en las declaraciones juradas de los funcionarios públicos.
Los diputados aceptaron el veto parcial del Ejecutivo al artículo 14 de la Ley 6919, que pretende despenalizar el olvido u omisión de consignar información durante la declaración jurada de bienes de los funcionarios públicos.
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, decidió vetar parcialmente la ley sobre las declaraciones juradas de bienes e ingresos, específicamente en la modificación del artículo 14, en cuanto a la despenalización de las omisiones por parte de los funcionarios públicos.
El Senado no reunió los votos necesarios para ratificarse en el proyecto de ley sobre las declaraciones juradas en su versión, permitiendo así que quedara sancionada la versión de la Cámara de Diputados que evita la penalización de los funcionarios que omitan datos en sus declaraciones juradas.
La Cámara de Diputados se ratificó este miércoles en las modificaciones introducidas al proyecto de ley sobre las declaraciones juradas, con el objetivo de considerar las omisiones como errores que pueden ser rectificados y evitar su penalización como lo aprobó Senado. El proyecto vuelve a la Cámara Alta.
El abogado Ezequiel Santagada, del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), analizó el proyecto que modifica la Ley de Declaraciones Juradas y que será tratado en la Cámara de Diputados. Consideró que de aprobarse solo se apañará la impunidad.
La Contraloría detalló que un total de 155 intendentes, tanto salientes como entrantes, incumplieron con el tiempo establecido para la presentación de las Declaraciones Juradas.
El presidente espera que la difusión sirva como herramienta para reforzar las acciones en el combate a la corrupción.
El cuestionado ex intendente de la Municipalidad de San Lorenzo Albino Ferrer declaró ante la Contraloría General, en 2015, que contaba con 14 propiedades en San Lorenzo y otras cuatro más fuera de la ciudad. En ese entonces disponía de un patrimonio neto de más de G. 9.000 millones.
De un patrimonio neto declarado en G. 614.822.834 en julio del 2013, meses antes de ingresar a la Cámara Alta como senador nacional por el Partido Encuentro Nacional, el actual ministro de Educación, Eduardo Petta, pasó a tener una fortuna neta de G. 1.251.456.484 para el 2016.
La ciudadanía manifestó su indignación en las redes sociales ante las publicaciones de bienes de los políticos, quienes engrosaron sus billeteras ocupando altos cargos del Estado y dándole la espalda al pueblo en más de una ocasión.
El ex legislador y ministro del Interior Rafael Filizzola, quien tiene dos causas abiertas en la Justicia, tuvo dos periodos como funcionario público. Entre 1998 y 2008 trabajó como diputado y luego asumió como titular del Ministerio del Interior durante el gobierno de Fernando Lugo.
El diputado Carlos Portillo también declaró sus bienes a la Contraloría General de la República (CGR), pero con una peculiaridad que no es ajena a su conocida forma de ser. En los tres últimos años también se registró un aumento en su patrimonio.
La Contraloría General de la República (CGR) publicó este miércoles una parte de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, entre las que se encuentran de manera incompleta las del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.
El contralor general de la República, Camilo Benítez, expresó que es posible dar cumplimiento a la orden judicial de la Corte Suprema de Justicia, de publicar en un plazo de 60 días hábiles la totalidad de las declaraciones juradas de bienes de funcionarios públicos entre los años 1998 a 2017.
Luego de varios años de blindar la información acerca de los funcionarios públicos con acciones de inconstitucionalidad, proyectos de ley, entre otros, finalmente este miércoles se darán a conocer las primeras 200 declaraciones juradas de bienes por la Contraloría General de la República.
La Cámara de Senadores aceptó este jueves el veto que dio el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a la ley que permite el falseamiento de las declaraciones juradas. El Ejecutivo fundamentó que el texto quedó sin esencia al no contemplar ninguna pena para los infractores.
La Contraloría General de la República solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el acceso a registros públicos y de automotores de los funcionarios del Estado, en el marco de la publicación de las declaraciones juradas desde la próxima semana. Asimismo, dijo que también necesitan los datos tributarios.
Un grupo de diputados supuestamente realizaron una llamativa presentación ante la Corte Suprema de Justicia, con la intención de dilatar e intervenir en la decisión de la Sala Constitucional ampliada, sobre la publicidad de las declaraciones juradas de bienes.
La Corte Suprema de Justicia suspendió este jueves los efectos de la Ley 6355, que obligaba a los proveedores del Estado a presentar sus declaraciones juradas de bienes y rentas. Las empresas presentaron en masa acciones de inconstitucionalidad.
La Cámara de Senadores dio el visto bueno a un proyecto de ley que pretende que los altos funcionarios del Estado presenten una declaración jurada de interés a fin de prevenir conflictos de intereses y detectar delitos asociados a la corrupción pública.
Los diputados, en su mayoría colorados, volvieron a truncar la posibilidad de que la declaración jurada de bienes de los funcionarios públicos pueda ser publicada. El documento aún debe ser estudiado en particular.
El ministro de la Corte Suprema de Justicia Alberto Martínez Simón hizo pública su declaración jurada de bienes, tras ser promulgada la Ley 6355/2019, que blinda las declaraciones juradas de los empleados públicos.
Los senadores se ratificaron en su sanción inicial sobre el proyecto de ley que establece que los funcionarios públicos presentarán obligatoriamente su declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos a la Contraloría General de la República.