La denuncia realizada por el juez Osmar Legal sobre un presunto esquema de corrupción que involucraba a tres fiscales, una jueza y un diputado representante en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, en el caso de los chats del ya fallecido diputado cartista Eulalio Lalo Gomes, supone una verdadera prueba para nuestra democracia. El caso de un aparente esquema de favores, coimas y corrupción pública es a la vez un duro golpe al anhelo ciudadano de tener una Justicia independiente, neutral y verdaderamente justa.
En los días recientes no solo se ha abierto la caja de Pandora, sino una nauseabunda alcantarilla que está dejando al descubierto un presunto esquema de corrupción pública que funcionaba –y hacemos votos por tener alguna vez la certeza de hablar en pretérito– a nivel de la Justicia en varios niveles.
Orlando Arévalo, actualmente de permiso por tiempo indefinido como vicepresidente primero del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), la jueza Sadi Estela López y las agentes fiscales Stella Mary Cano y Katia Uemura fueron vinculados a un presunto caso de corrupción pública.
Según las conversaciones de WhatsApp filtradas y denunciadas por el juez del Crimen Organizado y Delitos Económicos, Osmar Legal, las fiscalas y la jueza contactaban con Eulalio Lalo Gomes, ex diputado nacional colorado, fallecido en agosto de 2024 durante un allanamiento en su residencia en Pedro Juan Caballero, quien fungía como intermediario las funcionarias y Orlando Arévalo, presidente del JEM, para destrabar casos en los que participaban las agentes de la Justicia o cuando estas mismas eran investigadas por mal desempeño de sus funciones.
Recordemos que el diputado colorado cartista Gomes y su hijo habían sido imputados por la Fiscalía, apenas diez minutos antes del allanamiento en su vivienda, por supuestos vínculos con un esquema de lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal.
En la denuncia del juez Legal se revelaron 15 conversaciones de WhatsApp, chats intercambiados por el ex diputado colorado Eulalio Lalo Gomes con tres fiscales, una jueza y un diputado, miembro del JEM.
Fueron hallados ciertos mensajes que guardan relación con hechos punibles de corrupción pública, todos esos funcionarios aparecen en conversaciones telemáticas con el extinto legislador. El juez resalta en su denuncia que se pueden descubrir varios hechos de corrupción. “Había ciertos pedidos y favores y ese tipo de cosas; hay posibilidades de hechos como soborno o cohecho, pero eso ya formará parte del trabajo de los investigadores”.
Una de las conversaciones es del 21 de febrero de 2022, cuando la jueza Sadi Estela López solicitó al diputado que interceda ante las autoridades del Jurado del JEM en la causa en la que fue denunciada por mal desempeño de sus funciones, luego, el 6 de abril de ese año, la jueza fue absuelta por no encontrarse pruebas en su contra.
En otras conversaciones se revela una supuesta negociación entre Gomes, la fiscala Katia Uemura y el diputado Arévalo, para que se desestime la denuncia sobre presuntos nexos con el esquema del narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão, la agente del Ministerio Público fue absuelta en diciembre de 2023.
Para sostener nuestro sistema democrático se debe con urgencia combatir la impunidad con la que se reparten injusticias y arbitrariedades desde instancias como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Pero, sobre todo, es fundamental que la sociedad civil ejerza su rol de contralora y exija la vigencia plena vigencia del Estado de derecho. La ciudadanía debe despertar antes de que nuestro país se convierta en un Estado fallido, cooptado y dirigido por el crimen organizado.
