En diciembre de 2023, el senador colorado Ramón Retamozo había presentado el proyecto de resolución por el cual se reglamentaba el artículo 201 de la Constitución Nacional sobre la pérdida de investidura para los senadores de la nación. “Para aplicar una sanción para la suspensión de 60 días por inconducta o retirar los fueros a un senador se requiere una mayoría de dos tercios, mientras que para la pérdida de investidura se requiere una simple mayoría de votos, siendo esta la máxima sanción que pueda otorgarse a un legislador”, señaló para cuestionar el sistema. Argumentó también, citando el artículo 225 de la Constitución, que establece que para apartar del cargo al presidente y vicepresidente, como también a ministros de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general del Estado, se necesita una mayoría de dos tercios, y sostuvo entonces que esto generaba una desigualdad en contra de los legisladores.
Hoy, que la mayoría parlamentaria pretende aprobar sin obstáculos la pérdida de investidura de la senadora opositora, Kattya González, pero deberán antes, en una sesión extraordinaria –convocada ya por el titular de la Comisión Permanente, Colym Soroka– derogar el reglamento interno para la pérdida de investidura aprobado el pasado 20 de diciembre. Dicho reglamento establece que se requiere de una mayoría absoluta de dos tercios, lo que equivale a 30 a votos. Si se concreta la derogación, con una mayoría simple, sería posible hacer efectiva la pérdida de investidura de la senadora por del Partido Encuentro Nacional.
Hace dos meses aumentaron el requisito de mayoría para evitar la expulsión de colorados cartistas, pero ahora la volverán a bajar para poder expulsar a Kattya González.
Es inaceptable jugar como a los dados con la Constitución Nacional y modificar al antojo un reglamento, por la conveniencia de intereses particulares y partidarios, para lograr la pérdida de investidura de un legislador.
Hace casi 32 años, el país que sobrevivió a una terrible dictadura, a través de un gran acuerdo, hizo posible una nueva Constitución Nacional que fue –sin duda– la expresión cabal de nuestros anhelos democráticos, que encarnó el deseo colectivo de condena y de rechazo al autoritarismo, a la dictadura y a todo lo malo que esta encarnaba.
Es por ello que hoy, intentar banalizar instrumentos constitucionales para lograr la pérdida de investidura de una senadora de la oposición resulta una afrenta sumamente grave a aquellos ideales democráticos que inspiraron nuestra Constitución Nacional. No podemos volver a las prácticas autoritarias y al rompimiento del Estado de derecho en el Paraguay, con la solapada finalidad de disciplinar a quienes tienen una posición crítica hacia el Gobierno. Esta es, sin dudas, una muy perversa forma de celebrar los 35 años de democracia en el Paraguay.
En una democracia, quien gana unas elecciones debe gestionar las instituciones y los diversos intereses, construir acuerdos, pero siempre debe incluir a las minorías, apuntando siempre y como único objetivo el bienestar colectivo. Cualquier otra alternativa representará una regresión a nuestro pasado más ominoso.
Decíamos en el aniversario de la democracia, hace una semana, que esta democracia imperfecta siempre será mejor que la dictadura. Todavía quedan deudas por pagar, sobre todo, en el campo social y en la construcción de una cultura democrática, pero sobre todo, debemos recuperar el espíritu de tolerancia que hizo posibles los acuerdos y debemos de manera urgente recomponer el nivel de debate, que en una democracia y un Estado de derecho deberá ser respetuoso, y no debe suponer nunca la aniquilación del adversario político.
