16 jul. 2025

Defensa de González Daher pedirá anular remates de Senabico

Los inmuebles rematados por la Senabico tenían una medida cautelar por parte de un Juzgado Civil, por la acción autónoma de nulidad, según la abogada Raquel Talavera, por lo que pedirá sean anulados.

29792161

Condenados. Ramón González Daher (der) y su hijo Fernando González Karjallo (centro).

ARCHIVO

La defensa de Ramón Mario González Daher y de su hijo Fernando González Karjallo planteará ante el Tribunal de Cuentas la nulidad del último remate realizado por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).
Esto lo adelantó la abogada Raquel Talavera, quien señaló que los inmuebles pertenecientes a RGD se encuentran con una medida cautelar dictada por el juez Civil, Walter Mendoza, en la acción autónoma de nulidad planteada por la esposa del condenado, Delcia María Karjallo de González.

La citada acción es contra la Senabico, contra el Estado Paraguayo y hasta contra la jueza de Ejecución, Sandra Kirchhofer, para anular el comiso de los bienes que estaban con el régimen de comunidad ganancial.

El citado juez Mendoza, por auto interlocutorio N° 600, del pasado 22 de mayo, dispuso la anotación de litis sobre 54 inmuebles de González Daher. La misma resolución había rechazado las medidas de prohibición de innovar y contratar, así como la indisponibilidad de fondos que pidió la accionante.

Según Talavera, los inmuebles no podían ser rematados hasta tanto se defina la acción autónoma de nulidad, por lo que iba a accionar ante el Tribunal de Cuentas para pedir la nulidad del remate realizado.

icono whatsappRecibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsApp

YA ACCIONÓ. Además, la defensora de los condenados apuntó que ya había planteado la nulidad de otros remates sobre tres inmuebles de Fernando González Karjallo en la misma instancia.

Explicó que la jueza de Ejecución, Sandra Kirchhofer, dividió en tres expedientes el caso. Uno para controlar la pena de Ramón González Daher; otro, para su hijo Fernando González Karjallo, y el último para el control del comiso dispuesto en la sentencia del caso de usura, lavado de dinero y denuncia falsa.

Sin embargo, Talavera señaló que no le dieron participación a los condenados para el control del comiso, ya que la citada resolución condenatoria establece los montos de G. 240.554.525.035 y USD 11.711.977.

Conforme la abogada, ellos no tienen un control de los bienes comisados, los montos en que fueron rematados, para descontar de las citadas cifras, para determinar si se abonó la condena.

La semana pasada, la jueza había entregado otros 31 inmuebles a la Senabico.

Más contenido de esta sección
Los funcionarios Francisco Javier Acosta y Juan Andrés Arroyo fueron imputados, junto a un externo, en cuyo poder encontraron más de USD 50.000. Todos son investigados por la denuncia de un importador.
El sospechoso fue detenido en plena vía pública, luego de estar oculto por un mes. El hombre está imputado por supuestamente manosear a su alumna y no se descarta que haya más víctimas. Una jueza ya dictó su prisión preventiva.
El jefe de Administración fue removido del cargo, mientras continúa siendo investigado junto a otros dos funcionarios de la DNIT por un supuesto pedido de coima, denunciado por un importador.
El pleno de la Corte resolvió remitir al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) los antecedentes del juez Penal de Garantías de Curuguaty, Ramón Alberto Florentín Cardozo, quien en una causa otorgó la suspensión condicional del procedimiento y designó al propio acusado como su asesor de prueba.
El pleno de la Corte Suprema aprobó la acordada por la cual reglamenta tres artículos del Código Procesal Penal, que se relacionan con la sanción disciplinaria a los abogados por el ejercicio abusivo del Derecho, y actuaciones irregulares, en las causas penales. Además, dispuso un sumario administrativo por denuncias de irregularidades en Registros Públicos.
El ex diputado Juan Carlos Ozorio, actualmente en juicio oral por el caso del Operativo A Ultranza Paraguay, fue acusado por el fiscal Orlando Paiva ante el juez de Garantías de Capiatá, por supuesto abuso sexual en niños donde pide la elevación del caso para ser juzgado públicamente.