Una preocupación actual que tiene como uno de los principales objetivos del Ministerio de la Defensa Pública es la situación de muchas mujeres privadas de libertad que cayeron por involucrarse en el submundo del narcotráfico y que cuentan con altas condenas. Por ello, buscan implementar una defensa legal técnica con perspectiva de género.
Esto, teniendo en cuenta que la mayoría de los casos, las mujeres son elegidas por las organizaciones criminales para ser el trabajo conocido como “mulas” o vendiendo al menudeo, siendo el eslabón más expuesto y vulnerable de la cadena de tráfico de estupefacientes.
Es por eso que ahora desde dicha cartera de Gobierno se pretende implementar un plan de acción para evaluar la realidad de cada una de ellas, para más adelante, plantear modificaciones legislativas.
Roles peligrosos
“Las mujeres procesadas no son las grandes narcotraficantes, sino que a menudo se encuentran desenvolviéndose en varios roles subordinados, pero de alto riesgo. Son las que esconden droga en sus cuerpos como mulas, las que cosechan la materia prima de las drogas en el campo, las que venden droga al por menor, las cocineras, esposas y madres”, expuso la ministra de la Defensa Pública, Lorena Segovia.
Según una investigación de la Comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos de la Honorable Cámara de Senadores realizada en el periodo 2020-2021, sigue siendo una realidad el alto porcentaje de mujeres que quedan al cuidado y crianza de los hijos y de personas mayores, por lo que necesitan generar recursos. Esta situación de vulnerabilidad es captada por las organizaciones criminales para introducirlas en la participación de la venta al menudeo.
Una vez que caen detenidas y reciben altas penas, por la gravedad del delito, su estadía en las cárceles son mayores.
“Junto con la imposibilidad de juicios abreviados y la lentitud en la tramitación de los procesos lleva a una larga estadía de las mujeres en las cárceles”, lamentó Segovia.
Según la Ley 1340/88, conocida como la Ley de Drogas, todo lo que se refiere a comercialización, fabricación y posesión de sustancias prohibidas, el mínimo de años que podrían ir a prisión es de cinco años y no hay posibilidad de reducir esa pena.
¿Cuántas son?
El reporte del Ministerio de Justicia hasta finales de agosto, un poco más de 900 mujeres (entre procesadas y condenadas) están privadas de libertad en las distintas cárceles del país.
“El 48% de las 900 están por hechos punibles de narcotráfico. Pero ¿qué pasa con esas mujeres que justamente por la situación de pobreza en la cual se encuentra acceden a realizar las actividades más riesgosas?”, resaltó la ministra.
Muchas veces caen por encubrir y no denunciarle a sus hijos o parejas o porque son las titulares de la casa donde se comercializa las sustancias ilícitas. “Conocí a una señora que tenía una sentencia de cinco años por dos tocos de marihuana”, lamentó.
Al respecto, el análisis que hace la ministra de la Defensa Pública es que cuando una mujer va a la cárcel, hay consecuencias que no solo afectan la realidad económica, sino también a la realidad familiar.
Si una mujer que cae es madre, si no tienen parientes cercanos, los hijos quedan solos e interviene la Defensoría de la Niñez y muchas veces los pequeños son puestos en hogares y la familia se quiebra. “Se rompe el vínculo con la madre y aparte quedan sin ningún tipo de sostén familiar”, explicó Segovia.
En ese sentido, reflexionó que “entonces esa mujer privada de libertad con pena altísima por una actividad de tráfico genera mayor daño que la sanción que debe ser proporcional al hecho. Hoy por hoy van directamente a una sanción a una pena privativa de libertad alta”, sostiene.
Plan de acción
A raíz de la preocupación, la Defensa Pública busca implementar una defensa legal técnica con perspectiva de género.
“Vamos a hacer un análisis recurriendo a los datos de todas las instituciones para poder diagnosticar bien el problema. Hay partes del problema que hoy yo ya te puedo decir: El Estado tiene que garantizar el derecho a ser madre de esa mujer privada de libertad. Quizás más adelante, incluso se puede plantear una modificación legislativa, como existen en otros países, desde un enfoque de género con una política criminológica feminista”, dijo.