Los abogados Jorge Bogarín y Bettina Legal presentaron este jueves un recurso de apelación especial donde piden la anulación de la condena y la realización de un nuevo juicio para Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, informó Fernando Núñez, periodista de Última Hora.
El 10 de diciembre pasado, el Tribunal de Sentencia, integrado por las juezas Claudia Criscioni, Yolanda Morel y Yolanda Portillo, resolvió la condena de 15 años para González Daher, por usura, lavado de dinero y denuncia falsa; mientras que su hijo recibió la sentencia de 5 años, por lavado.
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Como fundamentos o justificaciones, en el juicio se han valorado contratos celebrados por el acusado Ramón González Daher, además de las evidencias descritas por la Fiscalía, de acuerdo con lo señalado por la magistrada Claudia Criscioni.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppAsimismo, el Tribunal aseguró que tiene la certeza de que unas 156 personas ingresaron cheques en las cuentas de Ramón González Daher, así como también se ha probado la participación como coautor de González Karjallo, quien actuaba como testaferro.
En ese sentido, Criscioni indicó que la causa se corresponde con el hecho punible contra el patrimonio de las 156 personas afectadas, que se encuentran en las carpetas fiscales, por lo que fueron 156 violaciones de la ley.
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Con relación a las denuncias y mediante un análisis sobre los cheques depositados en las cuentas y el dinero liberado, el monto final que no puede ser justificado por Ramón González es de G. 1.194.134.445.361, de operaciones que se realizaron entre 2014 a 2019.
No obstante, el Tribunal no solo consideró el perjuicio patrimonial de las víctimas, sino también el daño sicológico ocasionado a estas, el tiempo que perdieron en el proceso, las calumnias por las cuales atravesaron y todo lo que han padecido a causa del clan González Daher.
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Durante el juicio, el Ministerio Público sostuvo que Ramón González Daher se dedicaba a la concesión de préstamos a terceras personas con intereses mayores a lo establecido legalmente, aprovechándose de la necesidad de sus víctimas.
Además, solicitaba garantías desproporcionadas y utilizando para dichos fines cheques y otros documentos de pago, que luego fueron introducidos al sistema financiero, siendo esta la principal actividad comercial de los acusados.
