Ávila ordenó la prohibición a los gestores de víctimas de la dictadura que puedan acceder a documentos sin una autorización legal, con el fin de transparentar el proceso.
Reconoció que existen rumores y denuncias, aunque afirmó no tener pruebas, de que se instaló un negociado con estas resoluciones y que los gestores cobraban entre G. 2 a 3 millones. “Voy a ser irresponsable si confirmo”, expresó en contacto con ÚH.
Gestores y víctimas de la dictadura se instalaron frente a la institución ayer, en la sede de Asunción, pero la medida de fuerza fue levantada, indicó Ávila, gracias a que él mismo conversó con los manifestantes para darles tranquilidad de que podrán acceder a los documentos. “No cualquiera puede entrar a la Defensoría y tener acceso a los documentos. Tiene que tener la correspondiente autorización. Les hablé y les expliqué, y desde el lunes van a tener atención. Todo se va a hacer como corresponde, van a tener acceso a todo”, subrayó.
El defensor señaló que la manifestación estaba dirigida, con intenciones de desestabilizar. “Le meten dudas a la gente”, recalcó.
Comentó que todo sucede por el cambio de autoridad y por la intención de transparentar. Detalló que hoy termina el corte administrativo y que recién desde ese momento esta nueva gestión queda totalmente a cargo.
RENUNCIA. El anterior defensor, Miguel Godoy, se vio forzado a renunciar para evitar el juicio político, luego de los escándalos de corrupción en su gestión, una denuncia penal que generó la apertura de una causa en la Fiscalía y las denuncias de funcionarias víctimas de acoso. Ávila se desempeñaba como adjunto y luego asumió la titularidad.
Una de las denuncias tenía relación con un negociado con cobros irregulares de víctimas de la dictadura. Se reveló que Godoy convirtió la Defensoría del Pueblo en un ente recaudador, mediante un esquema de cobranzas de indemnizaciones de víctimas de la dictadura, que ya recibieron el pago años atrás, pero vuelven a cobrar a través de la institución, que reactiva los casos. La abogada Diana Vargas señaló que Godoy montó un esquema de gestores que solamente se dedican a emitir la reconsideración. “La víctima, por ejemplo, ya cobró hace 10 años y la resolución decía que le correspondían 1.000 jornales, el defensor hace que 10 a 15 años después, esa misma gente presente una reconsideración, alegando que no se le pagó todo el monto, entonces vuelven a sacar 1.000 jornales más”, explicó.