El defensor del Pueblo, Miguel Angel Godoy, alegando su rol constitucional, pidió a la ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer, que impulse medidas administrativas “que posibiliten la baja de los precios de la canasta familiar, de modo que pueda redundar en beneficio de la ciudadanía en general y, en particular, de los sectores más desprotegidos”.
Godoy basa su petición, específicamente, en torno a la variación en los precios de los combustibles derivados del petróleo y su impacto directo en los precios de la canasta familiar.
“Es de público conocimiento que hoy en día han variado nuevamente las condiciones adversas que determinaron el encarecimiento de los bienes de consumo. Por ello deviene necesario, ante nuevos hechos que acreditan tal situación, un descenso en los precios de la canasta familiar”, apuntó en su comunicado Godoy.
Seguidamente cita el artículo sexto de la Carta Magna, referente a la “calidad de Vida” y la de “defensa del consumidor y del usuario” que establece las normas de protección y defensa de los consumidores y usuarios, en sus intereses económicos, y contempla como uno de los derechos básicos del consumidor.
El defensor del Pueblo señala que el MIC, dentro de sus objetivos institucionales, debe adoptar en coordinación con otros organismos oficiales la política económica más conveniente de la Nación y como autoridad de la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor y del Usuario.
Recomienda a la ministra Cramer el impulso de las medidas administrativas pertinentes, que posibiliten la baja de los precios de la canasta familiar. Sin embargo, no especifica cuáles podrían ser esas medidas en un mercado de libre comercio y competencia.