Entre la cincuentena de causales que se detallan en los dos libelos acusatorios presentados en la Cámara de Diputados contra el defensor del Pueblo, Miguel Godoy, el redactado por el tercer espacio, contemplan la denuncia penal de la abogada Diana Vargas, quien evidenció los cobros irregulares a los objetores de conciencia, bajo una interpretación aprovechada de la ley solo para convertir a la institución en una “agencia recaudadora”.
En este punto se resalta un caso llamativo que da cuenta del uso conveniente que se hizo de la norma, según la denuncia. Se trata de la Ley 4013/10, que reglamenta la objeción de conciencia. En su artículo 21 se indica que solo se podrá cobrar a aquellos que se declararon objetores antes de que exista esta ley y no quieren realizar el servicio civil. Las personas que llegan a la edad en la que deben cumplir el servicio militar obligatorio, pero prefieren declararse objetores no están obligadas a pagar.
Sin embargo, Vargas revela que el primer joven al que le fue cobrado, que fue en 2019, cuando se hace la reglamentación de la ley, tenía en ese momento 20 años, por tanto, en el 2010, cuando entró en vigencia la normativa, solo tenía 11 años, por lo que no pudo haberse declarado objetor. El joven figura en la nómina completa de objetores que abonaron la contribución.
“Un objetor que va hoy a declararse como tal la ley no obliga a cobrar una contribución, sino lo que la ley establece es el servicio civil sustitutivo”, apunta Vargas.
La abogada explicó que los que se declararon objetores entre los años 1992 y 2010 ya son personas grandes y quizá no tengan tiempo de hacer el servicio civil sustitutivo ni dedicarle más de 200 o 400 horas a una actividad de voluntariado. Por ese motivo se mantuvo ese artículo 21 para dar a esas personas la posibilidad de solo pagar por única vez. “Pero solo a esos; sin embargo, el defensor se aprovecha del enredo. Un tributo no le podés cobrar a quien se te cante”, apuntó.
En el libelo se menciona que se ha verificado que los más de 4.000 objetores que abonaron no tenían la obligación de pagar, puesto que no se habían declarado objetores de conciencia antes de la vigencia de la ley, solo realizaron el trámite en los últimos años ante la Defensoría del Pueblo.
Las personas en situaciones similares superan los 4.000 solo entre el 2018 y el 2021. Ninguna de ellas debió pagar, porque no se declararon objetores antes del 2010, y en ese tiempo ninguna tenía la edad para la objeción de conciencia, manifiesta la argumentación.
Diana Vargas destaca que con este mecanismo se recaudó alrededor de G. 2.000 millones de forma irregular. En el caso del primer objetor que abonó la contribución, no debió haber pagado, ya que solo tenía 11 años cuando la ley entró en vigencia. La abogada apuntó que este joven debió realizar el servicio civil sustitutivo.
“El defensor confunde adrede para que uno crea que se está obligado a pagar”, insistió Vargas.
causales del libelo contra miguel godoy
Gestión administrativo-financiera deficiente. En procedimientos para adquisiciones, administración de recursos y rendición de cuentas.
Manejo arbitrario de indemnizaciones a víctimas de la dictadura. Por medio de esquema de reconsideración de pagos ya realizados en años anteriores, la misma víctima vuelve a cobrar.
Abuso de poder. Discrecionalidad en el manejo de recursos públicos y en la gestión del talento humano de la institución.
Incapacidad. Para el diseño de programas de promoción y defensa de los derechos humanos.
Recaudación ilegal. De contribuciones a objetores de conciencia por fuera de las previsiones legales con interpretación deliberadamente errónea de la norma.
Actuar indecoroso. En sus acciones contra la dignidad de las personas. Misógino y agresivo.
