16 sept. 2024

Deficiente acción del Gobierno para evitar las tragedias viales

El país entero ha quedado conmocionado ante el más reciente accidente que costó la vida de seis personas en la zona de Caacupé. Lamentablemente, las autoridades no han podido evitar lo que era ya una tragedia anunciada, considerando que no se trata del primer accidente en el lugar que termina con saldo fatal. Las instituciones del Estado deben tener más eficiencia para resolver los problemas viales, ya sea asegurando la infraestructura vial, como su tarea preventiva y de control. Esperamos que ahora se tomen las medidas necesarias.

La ruta PY02 Mariscal José Félix Estigarribia, en la zona de Pedrozo, Ypacaraí, ha sido el escenario de una verdadera tragedia. Un accidente de tránsito dejó como saldo seis fallecidos, entre ellos una familia entera. El suceso se produjo a la altura del kilómetro 45 de la ruta PY02, zona de Pedrozo, en el carril que se dirige a Asunción, cuando un camión transganado quedó sin frenos y chocó contra varios vehículos que aguardaban en un semáforo.

El siniestro trajo a la discusión y el debate la condición de peligrosidad del lugar. Los pobladores de la zona califican la señalización de tránsito como una trampa mortal, refiriéndose al semáforo ubicado en el descenso del cerro Caacupé.

Para los vecinos, esta era una tragedia anunciada, y llevan tiempo reclamando las dificultades que tienen en la zona de Hugua Hu-Pedrozo, y exigiendo la instalación de un paso peatonal para cruzar de una localidad a otra. Una de las vecinas de la comunidad mencionó que desde hace muchos años el lugar es una trampa mortal para los que circulan por allí, pero que la situación empeoró desde que instalaron el semáforo, y advirtió que si no se toman medidas urgentes las tragedias seguirán sucediendo. “El miedo es generalizado, es nuestro pan de cada día”, describió la ciudadana.

Además de los vecinos, también la Patrulla Caminera ya habría pedido, por nota varias veces, la eliminación del semáforo en el lugar, pero los pedidos fueron ignorados por las autoridades del Ministerio de Obras Públicas.

Son muy importantes las opiniones ciudadanas y la participación, las voces que piden soluciones concretas a una situación cotidiana que les afecta, y ya sea la eliminación de un semáforo o la instalación de una pasarela peatonal, las instituciones del Gobierno deben tener mejor conocimiento de las necesidades de la gente para dar respuestas más eficientes. Es inaceptable que el Ministerio de Obras Públicas haya esperado una tragedia como la que se ha visto para ofrecer una tímida reacción. Resulta evidente la desconexión de la realidad que viven las comunidades y sus problemas cotidianos.

Ahora plantean construir un nuevo retorno –además de los dos que ya existen– en la zona de Pedrozo, una pasarela peatonal que estaría lista en tres meses y un paso a desnivel como obra más definitiva, pero también a más largo plazo. Mientras, con controles y radares prometen aportar solución.

Este lamentablemente no es el único lugar donde se han producido accidentes, también se deben mencionar las nuevas rotondas erigidas con la ampliación de la ruta PY02 y PY07 que se han convertido en escenario de accidentes, y que el MOPC asegura que cumplen con todas las reglas de seguridad, pese a que son más económicas que otras alternativas.

De acuerdo con datos de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, en el primer trimestre de este año se han producido 297 fallecimientos en siniestros viales. Unas 1.531 personas resultaron con lesiones a consecuencia de los accidentes de tránsito durante los primeros tres meses del 2023, y en este 2024, la cifra llega a 1.797, lo que muestra un evidente aumento.

Los accidentes de tránsito son una terrible epidemia que desde hace años azota a nuestro país, y que requiere un serio tratamiento por parte de las instituciones y autoridades. La reciente tragedia debe ser una llamada de atención para el Gobierno central y para las autoridades municipales, todas ellas deben actuar de manera más eficaz no solo con los controles que deben hacerse con transparencia, sino para detectar los peligros que suponen las infraestructuras viales deficientes. Porque brindar seguridad al ciudadano es tarea del Estado.

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