Los entes públicos con la pandemia han agudizado su mal servicio. El ciudadano común no siente el respaldo del administrador público y desconfía de su prestación. El pago de los impuestos no se ve reflejado en una asistencia eficaz al ciudadano, ni en proyectos que impulsen un desarrollo sostenido en áreas claves. Los tributos pagados al Estado en varios casos se desembolsaron en obras sobrefacturadas y sin sentido, incluso fallidas.
En el área de la salud, hospitales públicos, especialmente en el interior, carecen de la infraestructura que se requiere para brindar al ciudadano la atención médica que necesita. A esta se agrega la repetida falta de insumos básicos y la urgencia de más profesionales en los puestos de salud, que se agrava en las campiñas. Los reclamos son permanentes. Varias veces se escucha que ni gasa tienen algunos centros hospitalarios, ejemplificando el nivel de necesidad. Con la pandemia se agregaron camas y mejoras, pero no cambiaron sustancialmente el panorama de necesidades que deben soportar los ciudadanos.
En educación, la situación tampoco es favorable. Las clases virtuales por la pandemia significaron un retroceso académico para los niños. Muchos de los chicos no pudieron acceder a la tecnología por los escasos recursos de la familia. Para aquellos que sí lo pudieron hacer, el proceso académico estuvo plagado de vaivenes, sin el resultado de aprendizaje anhelado. Este 21 de febrero se inician las clases en los colegios públicos que serán presenciales. Al deficiente proceso educativo en pandemia liderado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), se suma la precaria situación edilicia de las escuelas.
En mal estado se encuentran 12.813 aulas en los 255 distritos donde municipios y gobernaciones reciben recursos del Fonacide. Parte de estos fondos deben emplearse en la construcción o refacción de escuelas. En los 8.500 institutos de gestión pública falta construir 5.851 nuevas salas para este año lectivo, según el Observatorio Educativo Ciudadano (OEC).
En materia de seguridad, los asaltos callejeros, domiciliarios y a empresas no cesan. El trabajo preventivo aún es escaso como también en materia de inteligencia. El atentado en San Bernardino, donde fallecieron dos personas, mostró el nulo trabajo en materia de prevención e inteligencia policial. Luego del hecho hubo detenidos. Ahora con una nueva cúpula en la Policía es de esperar que al menos disminuya en algo el auge criminal.
La Justicia siempre está en deuda. La impunidad es una muestra de su mediocre funcionamiento. Autoridades públicas involucradas en corrupción no tienen la persecución objetiva de la Fiscalía. Varias de ellas se mueven al amparo y reparo del Ministerio Público y de jueces, con honrosas excepciones. La corrupción impide que el dinero público se use en beneficio de la gente y la falta de castigo facilita que se siga tocando el erario.
Cada poder del Estado, instituciones, municipios, gobernaciones y sus autoridades están compelidos a cumplir la función conforme a lo que la Constitución Nacional y las leyes establecen. Invaluable es el perjuicio que ocasionan a los ciudadanos cuando hay inutilidad o simplemente dejan de hacer lo que les corresponde.
