La socióloga y abogada Diana Vargas, experta en derechos humanos, lo graficó de manera muy patente en un reportaje publicado ayer por Última Hora: La Fiscalía y la Policía de nuestro país destinan más recursos en unidades antiabigeos, para buscar vacas robadas o desaparecidas, que en hacer un seguimiento sistemático a los cada vez más numerosos casos de denuncias sobre mujeres o niños desaparecidos.
El caso que ayer generó mucha conmoción en la ciudadanía, tras el hallazgo del cuerpo de la joven Analía Rodas, de 34 años de edad, quien estaba desaparecida desde noviembre de 2020 y fue encontrada muerta y enterrada en la misma casa que compartía con su hermano, principal sospechoso del crimen, despertó un aluvión de críticas contra la labor de la Policía y principalmente de la Fiscalía, que es la institución que dirige la investigación.
La etiqueta #Nolasbuscan se multiplicó ayer en las redes sociales en internet, mostrando la indignación ciudadana ante lo ocurrido, principalmente al conocerse que una comitiva fiscal y policial ya había allanado la misma vivienda en enero pasado. Sin embargo se hizo muy evidente que tanto la indagación como el reconocimiento fueron procedimientos que se realizaron de manera muy superficial.
Los insistentes reclamos de los familiares de Analía por la escasa atención que las autoridades dieron a la búsqueda de la joven, eran muy similares a los de los familiares de Isaura Bogado, la otra chica que permanecía desaparecida desde el 13 de abril, y que finalmente fue hallada muerta por vecinos en un terreno baldío, en la ciudad de Ñemby.
“La Fiscalía no hizo prácticamente nada para buscar a Isaura y una vez que apareció muerta montó un espectáculo en torno al hallazgo para justificar la inacción, sosteniendo que se trató de un caso de suicidio, cuando hay sospechas de que pudo haber sido asesinada”, denunció sobre este caso la abogada Mirta Moragas, durante una manifestación de protesta frente al Ministerio Público.
El nuevo caso del hallazgo del cadáver de Analía revela que se mantiene una actitud generalizada de no dar prioridad ni importancia debida a las denuncias sobre desapariciones de mujeres y niños, tal como lo ha resaltado la abogada y socióloga Diana Vargas. Podría considerarse que persiste incluso una mentalidad cultural arraigada, que instala ideas de que las mujeres o las niñas más jóvenes salen de sus casas por buscar diversión, sin preocuparse de indagar cada caso con suficiente profesionalismo.
Existe una debilidad institucional ante estos temas. “Cuando una persona desaparece, por el motivo que fuere, no hay un aparato estatal que se active y que tenga un circuito, una ruta crítica a seguir”, señaló Vargas, al respecto. A pesar de que existen unidades especializadas para seguimiento de casos de personas desaparecidas o trata de personas, en la práctica no existe voluntad política para investigar a fondo las denuncias de los familiares.
Es hora de reaccionar ante las demandas de la sociedad, de demostrar mayor interés y profesionalismo ante estos dramáticos hechos.