El límite de déficit fiscal, que por ley debe ser del 1,5% del producto interno bruto (PIB), es en este momento uno de los principales argumentos del actual Gobierno para no invertir más en infraestructura en Paraguay, de acuerdo con las declaraciones de autoridades y los números que se pueden leer en la ley de presupuesto de 2024, y en el proyecto de presupuesto 2025. Más de un economista, y otros profesionales, han advertido que la convergencia con el límite fiscal –porque ha sido letra muerta normalmente– es sacrificando la mayor inversión en infraestructura. Los recortes –si los hay– son menores; por ejemplo, en los gastos corrientes, esos que se llevan gran parte de los recursos económicos con que cuenta este pobre país. Ya ni hablemos de que paguen más los que ganan más, lo anticipó y prometió el Gobierno. Además, ¡más impuestos para los que más tienen atenta contra el crecimiento económico, contra la ley de gravitación universal y, sobre todo, contra las buenas costumbres, por favor! También entiendo el reclamo de una mejora del gasto público, así que es difícil.
Por citar a dos entidades públicas. En el MOPC lo destinado para inversión física (nivel 500) disminuye 2%, y en la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) cae 7%. El ritmo de inversión en Obras Públicas, según entendidos, debe ser al menos de 1.500 millones de dólares al año, y la cartera de Estado ya avisó que no tendrá ese dinero, por lo que desde los sectores público y privado alientan a proponer otros mecanismos para cubrir lo que falta. Ya pasó más de un año de este gobierno, y apenas asoma la cabeza una alianza público-privada (APP), la que pretende mejorar 108 kilómetros de la ruta PY01. Existen otros varios proyectos, como el del tren de cercanías por APP, que por cierto anunciaron que se presentaría el mes pasado, lo cual no se cumplió.
En la ANDE, se necesitan destinar 6.500 millones de dólares de inversión en la próxima década, acentuando especialmente la diversificación de la generación eléctrica. Hoy dependemos de las hidroeléctricas, pero la crisis hidrológica que viene prácticamente desde hace un quinquenio nos recuerda que sí existe un cambio climático, y nos avisa que puede la situación ser peor (los niveles del río vienen batiendo récords de bajante). La administración eléctrica apenas llega al promedio de 300 millones de dólares en los últimos años, eso en diez años, según la simple operación aritmética, es apenas 3.000 millones, ni la mitad de lo que se requiere. Entonces, no esperemos que el servicio sea óptimo, que ya no haya cortes de energía eléctrica.
No obstante, las autoridades de las instituciones citadas anteriormente repiten y repiten que parte del déficit, en particular con referencia al próximo año, se cubrirá con fondos provenientes de la Itaipú Binacional (IB). Señalan lo mismo otros responsables de organismos estatales. Es decir, una porción de los recursos extraordinarios que se recibirán con la central hidroeléctrica cubrirán a su vez parte del déficit, pero hay un artificio en esa ecuación, porque no sabemos realmente cuánto invertirá Itaipú, porque ese dinero no pasa por el presupuesto general; ergo, no es verificado por la Contraloría General de la República (CGR) o el ojo de cualquier ciudadano que sepa leer. Sin transparencia, no hay control; sin control seguro corrupción, y la impunidad una vez más. Y la rueda gira y gira.
