El juicio de Curuguaty, lleno de irregularidades, terminó con la condena. Por eso pedimos la casación a la Corte Suprema de Justicia. Hubo una inhibición generalizada entre sus miembros y jueces. Al final, tres aceptaron y a dos de ellos ahora la fiscala general acusó sin pruebas ante el Jurado de Enjuiciamiento.
Codehupy ha hecho esta denuncia que edito.
“El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), con motivación política antes que jurídica, decidió iniciar el enjuiciamiento contra los jueces Emiliano Rolón Fernández y Arnaldo Martínez Prieto, quienes habían resuelto la absolución de los campesinos de Curuguaty y su inmediata libertad, amparados en facultades otorgadas por normativa vigente del procedimiento penal.
El Ministerio Público, dando muestras de la profundización de la persecución penal que hace tabla rasa del debido proceso y de las garantías judiciales, había acusado a estos jueces de apelación como clara represalia instrumentada por la propia fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppEsta conducta atentatoria contra la independencia judicial, que compromete la vigencia del debido proceso en todos los ámbitos, resulta reiterativa por parte del Ministerio Público, el cual en el pasado ha acusado a otros jueces, desalentando la continuidad en el cargo de excelentes magistrados, quienes no han aceptado un estado de cosas generado desde la corrupción y la injerencia política.
Por lo expuesto, además de expresar nuestra solidaridad con los jueces Rolón Fernández y Martínez Prieto, exigimos al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que retome el camino de la justicia y que al cabo del proceso de enjuiciamiento en curso, concluya con el rechazo de la pretensión de la fiscala general del Estado, único camino para contribuir con la independencia judicial y el restablecimiento de la institucionalidad en la República.
Las instituciones que conforman la Codehupy seguirán atentamente el proceso, exigiendo el resguardo de los derechos y denunciando, ante todas las instancias pertinentes, cualquier atropello a los mismos.