A pesar de eso, milagrosamente hemos tenido un Roa Bastos, y algunos exponentes importantes de otras artes, que son la excepción, no la norma. Y hemos tenido importantes filósofos y muy destacados abogados, pero siempre escasos y esforzados, como suele ser en ambientes hostiles a la cultura. También hay que decir que en los últimos años, muchos jóvenes estudiosos se han especializado en varias ramas del Derecho en Universidades del exterior, y ciertamente marcan una diferencia notoria respecto de la mayoría que no ha podido acceder a tales estudios.
Por eso, después de escuchar el debate en el seno de la Corte Suprema, respecto al bajo nivel de abogados que ejercemos la profesión, difundido por el sistema de televisación de las actuaciones del Poder Judicial, me quede pensando: Se sabe Derecho en el Paraguay? SABER DERECHO, no es tener el titulo de abogado. Algunas profesiones son menos exigentes que el Derecho en materia de lectura, nuestra profesión es puramente intelectual, y aun capitalizando todo lo que pudimos leer, todavía no es seguro que alcancemos a saber Derecho, nuestra carrera es un permanente –inacabable– aprendizaje. No faltan, sin embargo, los que presumen saber, y hacen gran alarde de ello, lo cual no es lo mismo.
Yo me congratulo de que la Corte aborde este problema, que vea con preocupación la escasa formación curricular de nuestros colegas mas jóvenes: Por algunos años he sido docente y puedo decir con absoluta convicción que el problema del bajo nivel no es solo atribuible a la Universidad, es un antiguo defecto de la educación primaria y secundaria. Salen bachilleres sin conocimiento elemental de cuestiones básicas: Castellano, Historia paraguaya, Historia Universal, Geografía nacional y mundial, Nociones de Economía, Educación Cívica y Moral –como se llamaba en mi época–. Esos son conocimientos básicos que deben estar incorporados a los conocimientos del bachiller, sin los cuales no se puede acceder a la universidad.
Es decir, el problema es muy complejo. Habría que revisar todo el sistema educativo, invertir mucho mayor porcentaje del Presupuesto Nacional, contratar especialistas extranjeros provenientes de países que puedan mostrar éxitos relevantes en la materia, como, por ejemplo, Finlandia. Si se decidiera resolver el problema, exigiendo un post grado y examen para otorgar la matricula, anticipo la vergüenza del resultado del experimento: Muchos abogados con el titulo expedido por alguna Universidad, serán aplazados y no podrán ejercer. Y además de poner de manifiesto la estafa, será castigada la víctima y no el estafador.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppPero, a pesar de eso, tal vez sea necesario enfrentar el problema y tomar medidas dirigidas a corregir la situación mediante el curso de posgrado y el examen.
Dijo el Dr. Martínez, que cuando era juez de Primera Instancia, siempre prefería juzgar pleitos que enfrentaban a buenos abogados, a aquellos que protagonizaban abogados mediocres, que siempre crean problemas por no entender el derecho. Coincido con el Dr. Martínez porque es muy obvio que, desde el punto de vista del Juez, buenos abogados, expertos procesalistas, facilitan la claridad y la rapidez de los trámites. Pero mirado desde el otro lado del mostrador, el de los abogados que ejercemos, los mal preparados nunca fueron un problema, porque en una competencia (y el juicio lo es), generalmente triunfa el mejor preparado, el mas capaz, el que sabe exponer el caso, el que construyo mejores pruebas etc. (No estoy hablando de los juicios en que la corrupción, la política o cualquier otro factor externo tergiversa el resultado). De modo que el proceso de selección natural se dará indefectiblemente.
Para nosotros, el problema mayor lo plantean algunos abogados de escaso nivel ejerciendo como Jueces, Magistrados, Fiscales, y hasta Ministros. Eso causa perjuicios importantes a los ciudadanos, y daña la imagen de la Justicia. Y ese si es un problema sin solución, porque los daños son irreversibles.
Para finalizar, este comentario no estaría completo si no dijera que, sumado a nuestra secular falta de lectura por los motivos explicados mas arriba, debemos agregar que durante la transición democrática se cometió la sanción de la Ley Marcos, una bomba atómica para la formación de nuestros cuadros profesionales y universitarios cuyas consecuencias aun no estamos en condiciones de medir en su totalidad. Esa ley facilito que comerciantes inescrupulosos (muchos de ellos legisladores) descubrieran el negocio de la educación, y dio en muchos casos –no en todos– el ropaje legal a la estafa mas exitosa de todos los tiempos: Se engañó a los estudiantes con una preparación mediocre, muy poco exigente y muy costosa, haciéndoles creer que estaban “en condiciones de salir al ruedo”; se engañó a los usuarios de los servicios de estos pobres estafados, se perjudicó la imagen de la universidad como ente del conocimiento terciario. Salen miles de abogados anualmente de estas universidades, que van a “ejercer“ en nuestros Tribunales.
Comparto la preocupación de los ministros de la Corte, el nivel general es muy pobre. Pero se debe estudiar el tema de una manera abarcante: También los que ejercen como integrantes del Poder Judicial deberían ser examinados.