“A partir de ahora, seguramente, vamos a determinando –de acuerdo con la cantidad de expediente– qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta para poder hablar de cuantía”, precisó el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción. Se buscará discriminar el valor económico que entraba por expediente.
“Es un poco difícil, pero por lo menos el monto y la cuantía que hace notar la cantidad de expedientes que se incautaron, seguramente lo vamos a estar determinando”, sostuvo Guerrero, en contacto con la 1080 AM.
Podría ampliarse. La causa permitió descubrir que son 63 personas las que estarían implicadas en el esquema que perjudicó a centenares de personas demandadas por pagarés falsos o ya cancelados.
Entre los imputados aparecen funcionarios de los Juzgados de Recoleta, San Roque, La Encarnación y Catedral, donde los propios jueces fueron sindicados de estar en connivencia, y sacar casi 700 resoluciones, pese a documentos falsos.
Guerrero puntualizó cómo operaba la estructura, donde eran los propios abogados demandantes los que realizaban todos los actos del juicio, “y llevaban el paquete, digamos, al Juzgado para que esto prácticamente lo firmen”, lamentó.
“Da pena ver que el sistema judicial funcione de esa manera, notando que son gente de clase media para abajo la que recurrieron a esos tipos de préstamos”, dijo.
Jueces. Los jueces Rodrigo Estigarribia y Humberto Otazú fueron sorteados para entender en uno de los mayores esquemas de estafa ejecutados desde los juzgados de Paz, según el Ministerio Público.
El juez Estigarribia atenderá los casos de Analía Cibils y Víctor Nilo Rodríguez, mientras que Otazú los casos de Nathalia Garcete y Liliana González de Bristot, imputados por prevaricato en calidad de autores y uso de documentos no auténticos en calidad de cómplices.
Las ligazones políticas de algunos de los imputados
El abogado José Ignacio Olmedo Lansac, imputado en la carpeta del Juzgado de Paz de Recoleta, es cuñado del asesor jurídico de la Presidencia de la República, Roberto Moreno Rodríguez Alcalá. Olmedo Lansac representaba a la Compañía Administradora de Riesgos SA (CARSA), cuyo accionista principal es Óscar Diesel –hermano del ministro y presidente de la Corte, César Diesel– y ligado al ex ministro Antonio Fretes.
Otro con vínculos políticos es el ujier notificador del Juzgado de Paz de La Encarnación, Alfredo René Benítez Cabrera, quien es director de Anticorrupción y Transparencia de la Dirección Nacional de Correos del Paraguay (Dinacopa) y presidente de la Seccional Colorada Nº 44, por Honor Colorado (HC).
Finalmente renunció a su cargo de director general de Gabinete del Ministerio de Salud Pública, Luis Carlos Benítez, imputado junto a su esposa en la causa. Ambos habían presentado en el 2022 demandas en representación de la Cooperativa San Cristóbal. Se pudo determinar que Benítez en esa época tenía el cargo de jefe de Auditoría Forense en la Contraloría, y era el que dictaminaba si los informes de auditoría eran o no remitidos a la Fiscalía. A la par, aparecía en la nómina de la Cooperativa San Cristóbal como abogado cobrador, según confirmaron fuentes. En tanto que su esposa Patricia Parodi era oficial de Justicia y se cree que consignaba falsamente las intimaciones de pago y las ejecuciones de embargos en las demandas de la propia Cooperativa San Cristóbal.
