Tras la detección en enero pasado de una supuesta red que falsificaba y vendía documentos de discapacidad para acceder a cargos en el Instituto de Previsión Social (IPS), la institución finalmente con el cruzamiento de datos comprobó que ocho certificados eran apócrifos y procedió a la desvinculación de los funcionarios contratados en el 2022, según los resultados de una auditoría que finalizó en junio pasado, durante la administración de Vicente Bataglia.
“Este año salió la revocación de la resolución por la cual se les llegó a nombrar en ese concurso de precarización. Y ya fueron desvinculadas”, explicó a ÚH Alicia Olázar, jefa de Asuntos Penales de la previsional.
Tras el suceso, indicó que el IPS está haciendo una auditoría interna para evaluar también las responsabilidades administrativas internas con relación al caso de los documentos falsos.
Los desvinculados que presentaron documentos apócrifos son Carmelo Román, Valerie Figueredo, Marina Rojas, Fabián González, Ángel Portillo, Sandra Torres, Noelia Coronel, Sonia Paiva, según el informe final de la auditoría puntual a la Dirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano en relación con el proceder de contratación de personas con discapacidad en la que se confirma la presentación de documentos de contenido falso.
En enero pasado se dio a conocer la cifra de 14 supuestos casos, pero finalmente tras la auditoría se comprobó que ocho certificados no eran originales ni expedidos por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis).
Los solicitantes al puesto laboral en la previsional se ampararon en la ley que establece la obligatoriedad de que el 5% del plantel en una institución pública sea de este grupo y concursaron para acceder a los puestos.
DENUNCIAS. Incluso, a principios de este año, el IPS denunció a los que presentaron los documentos falsos ante la Fiscalía de Asunción, cuya investigación sigue en proceso. La causa está en la Unidad Penal N° 6 a cargo de la agente fiscal Daniela Benítez.
Tras la difusión del hecho, las personas que presentaron los certificados de contenido falso denunciaron ante la Fiscalía de Villarrica y acusaron a Julio González como el supuesto gestor. Las causas están abiertas en Villarrica y están en proceso.
González, aparte de ser presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Públicos con Discapacidad del Paraguay (Asonadis), es funcionario de la previsional y continúa en el puesto porque aún no hay una resolución ni imputación en el caso.
Él trabaja en la previsional hace 15 años y tiene un sueldo de G. 7.000.000, según el IPS y desempeña funciones en la Dirección de Servicios Administrativos, según los datos publicados en la web de la previsional.
“Él sigue como funcionario porque no tiene todavía imputación. Está siendo investigado. Si bien está denunciado por las personas, está en etapa investigativa. Y nuestras reglamentaciones dicen que hasta tanto no haya imputación, no se le puede desvincular sin causa. Entonces estamos a la espera también de las resultas de la investigación de la Fiscalía en cuanto a él. IPS depende de lo que la Justicia determine”, informó la jefa de Asuntos Penales del IPS.
SITUACIÓN. Las personas que presentaron el documento falso se exponen a una pena por el hecho punible de expedición de certificados de salud de contenido falso que es de hasta tres años o multa.
En su momento, las personas detectadas con documentos falsos alegaron que sí sufren una discapacidad y que confiaron en las gestiones de Julio González que supuestamente cobró por los documentos la suma de G. 2.500.000 y les entregó los papeles apócrifos. El hecho sigue en etapa investigativa. Mientras no se cierre el caso en la Fiscalía, Julio González permanecerá aún en el cargo.
Nuevo puesto para ex consejero
Tras la presentación de reposos, finalmente el ex consejero Gustavo Arias volvió a trabajar y le designaron una nueva función en la oficina de asuntos gremiales. La medida fue criticada por los opositores a su gestión en la era del ex titular Vicente Bataglia. Fue trasladado para ocupar el cargo de “auxiliar administrativo” con 35 horas semanales, en la Oficina de Mediación y Conciliación de Asuntos Internos y Colectivos Gremiales del Gabinete de la Presidencia del IPS.
