EFE.
El cómputo está recogido en el “Informe Chokokue”, que se presentó esta noche en Asunción y que según sus autores demuestra la responsabilidad en esas muertes de los distintos gobiernos de la democracia que siguieron durante casi 25 años a la caída de Stroessner.
“Con respecto a cada uno de ellos estamos en condiciones de apuntar -con material probatorio válido para cualquier litigio penal o internacional- niveles de responsabilidad individual e institucional del Estado”, dice el informe facilitado.
Su coordinador, Hugo Valiente, dijo que esa violencia está en concordancia con las condiciones socioagrarias de Paraguay, donde, según aseguró, existe “una de las estructuras latifundistas más injustas del mundo, con el 80% de la tierra en manos de un 2% de propietarios”.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsApp“Descubrimos que existe un plan sistemático de ejecuciones en el contexto de la lucha por la tierra en Paraguay. Estas ejecuciones responden a un plan para impedir que las organizaciones campesinas tengan una voz en demanda de la reforma agraria”, explicó el miembro de Codehupy.
Valiente añadió que la mayoría de las víctimas pertenecían a la Federación Nacional Campesina y al Movimiento Campesino Paraguayo, dos de las principales agrupaciones de labriegos de la nación guaraní.
Agregó que el informe extrae esas conclusiones a partir de una metodología basada en entrevistas a familiares y testigos de las muertes y en los autos jurídicos, lo que sirvió para reconstruir los casos.
En ese sentido, Valiente indicó que han contado con medios tecnológicos que no dispusieron en el anterior y primer informe Chokokue, el referido al periodo entre 1989 y 2005 y publicado por Codehupy en 2007.
Ese primer informe estableció un número de 77 dirigentes o militantes campesinos ejecutados o víctimas de desapariciones forzadas, también en el ámbito de una represión estatal organizada, según Valiente.
“Ahora hemos grabado en video los testimonios y ello nos servirá para enviarlo a instancias internacionales de cara a lograr sanciones al Estado paraguayo y el fin de la espiral de la violencia”, apuntó.
Con base en el primer informe Chokokue el Comité de Derechos Humanos de la ONU condenó en 2008 al Estado paraguayo por la muerte del dirigente campesino Hilario Blanco, fallecido en 2003 a causa de la represión ejercida por la Policía durante una manifestación en el departamento de San Pedro.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA emitió una condena similar por las torturas que sometieron los cuerpos de seguridad del Estado a Ernesto Benítez, que participó en la misma protesta que Blanco y fue posteriormente detenido y torturado, de acuerdo con Valiente.
Sin embargo, Valiente recordó que el Estado paraguayo sigue sin acatar ese fallo y sin reparar a las víctimas o sus familiares.
