En representación legal de varios escribanos públicos, el abogado Guillermo Duarte Cacavelos promovió una denuncia ante la Fiscalía contra el apoderado del Colegio de Escribanos del Paraguay (CEP), Juan Claudio Gaona, por lesión de confianza.
El escrito refiere que “el abogado Gaona recibió instrucciones precisas acerca de qué postura tomar en las presentaciones realizadas en el juicio ‘Corte Suprema de Justicia c/ Colegio de Escribanos del Paraguay sobre rendición de cuentas’”.
Igualmente, se solicita “determinar a todos los participantes de los hechos denunciados y analizar las actas del Consejo de CEP para determinar si dichas instrucciones fueron tomadas dentro de la comisión directiva o si fueron producto de la voluntad unilateral del presidente actual, Jorge Millar Donna”.
Según la denuncia, la actual comisión directiva del CEP se allanó incondicionalmente a una demanda de rendición de cuentas en fecha 21 de mayo de 2021, a través de su apoderado Juan Claudio Gaona. Dicha demanda había sido iniciada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en fecha 13 de enero de 2021.
Sobre la base de la demanda y un informe pericial incorrecto e incompleto, la actual comisión directiva denunció a todas las personas que integraron la comisión desde el año 2009.
“Esta postura fue sostenida por todas las comisiones directivas del Colegio de Escribanos del Paraguay hasta el 2021. Pero allanarse a una rendición de cuentas que no corresponde no fue suficiente, sino que, en la presentación de la rendición propiamente dicha, el apoderado de la actual comisión directiva reconoció y obligó al gremio respecto de deudas de periodos ya prescriptos”, resalta el escrito presentado ante la Fiscalía.
Los antecedentes indican que mediante la Acordada N° 117 del año 1999, el CEP debía presentar una rendición de cuenta sobre la impresión y administración de los materiales de uso notorial y entregar al Poder Judicial el 70% de lo producido en la venta. Sin embargo, el CEP no participó en la previa al dictamiento de dicha acordada y, por ende, no aceptó el pago.
La comisión directiva del CEP de ese entonces cuestionó dicha acordada con varios argumentos. En el 2020, la Corte conformó un equipo técnico para analizar la acordada e intimó el pago de G. 13.885.594.448 por la venta de materiales del año 2014 al 2019. El CEP rechazó dicho reclamó, por lo que fue demandado por la Corte.
Los precedentes indican que la CD actual reconoció que la entidad debe a la Corte la suma de G. 20.178.641.416 correspondiente al periodo 1999 al 2020, por lo que la denuncia resalta, que “con la aceptación de la deuda, el CEP comprometió su patrimonio en contra de los intereses de los asociados”.
