02 abr. 2025

Denuncian desvío de arroyo y grave delito ambiental en San Pedro del Paraná

Un grupo de humildes familias de un asentamiento de la localidad de San Pedro del Paraná, Itapúa, denunció el desvío de un arroyo y otros graves delitos ambientales en una finca propiedad del Indert, ocupadas de forma legal por los labriegos.

desvió de arroyo

Familias de un asentamiento de la localidad de San Pedro del Paraná, Itapúa, denunciaron el desvío de un arroyo y otros graves delitos ambientales en una finca, propiedad del Indert.

Foto: Gentileza

Se trata del asentamiento Paz y Progreso, que cuenta con una superficie de 239 hectáreas ubicada en la compañía Potrero Benítez, distrito de San Pedro del Paraná.

La finca es una reserva del Indert y es ocupada de forma legal por unas 50 humildes familias.

Le puede interesar: Volvieron a desviar aguas del arroyo Pikyry

Alberto Velázquez es quien fue denunciado ante el Ministerio Público, Mades e Infona, por los graves delitos cometidos en el lugar como invasión del inmueble, desvío de un arroyo, deforestación y secado de un humedal existente en la zona.

La denuncia fue realizada por el señor Iris Vázquez, en nombre de las familias que habitan en el asentamiento y con representación del abogado Mario Vera, quien indicó que se están cometiendo graves delitos ambientales, además de tener en zozobra a los habitantes de dicho asentamiento.

Los denunciantes indicaron que el hombre contaría con una suerte de protección de las autoridades de la zona e incluso tendría como guardias a gente armada.

Le puede interesar: Arroyo Yabebyry se recupera paulatinamente luego de desvío de afluente

Por otro lado, señalaron que en el inmueble en cuestión se está construyendo además una pista de aviación de más de 1.000 metros de extensión, que se encuentra al costado mismo del canal de desvío del arroyo del lugar.

La finca de 239 hectáreas, invadida por Velázquez, linda con el cauce del Rio Tebicuary y está en una estratégica ubicación para diversos tipos de cultivos agrícolas, como por ejemplo el arroz, según los denunciantes.

El abogado agregó que el señor Iris Vázquez es el único que se animó a denunciar la invasión del inmueble destinado para las familias del asentamiento y el grave delito ambiental que se está cometiendo.

La causa se encuentra en la unidad fiscal a cargo de Rubén Lial, como también en la oficina Regional del Infona, atendiendo a que una comitiva de dichas instituciones ya allanó el lugar el pasado 15 de marzo, donde levantaron evidencias fotográficas y otros elementos que comprueban los hechos que están cometiendo en el lugar.

No obstante, el abogado de las familias del asentamiento pide mayor celeridad de las instituciones intervinientes, atendiendo la gravedad de la situación.

Más contenido de esta sección
Las avenidas Pratt Gill y Avelino Martínez, en el límite entre San Lorenzo y Ñemby, son dos arterias intransitables diariamente por la cantidad de baches que obliga a los conductores a ingresar al carril contrario. En días de lluvias, la situación se torna catastrófica.
Un vendedor ambulante recibió una herida de bala de refilón a altura del mentón en inmediaciones del estadio La Nueva Olla a una hora de que empezara el partido entre Cerro Porteño y Bolívar el martes. Fue auxiliado y trasladado al hospital por policías.
La Municipalidad de Ciudad del Este llevó a cabo un operativo de fiscalización en distintos comercios del microcentro. Durante la jornada del martes, supervisaron varios locales en respuesta a denuncias sobre posibles irregularidades y prácticas abusivas.
En medio del escándalo por espionaje digital al Gobierno paraguayo por parte de Brasil, el titular del Mitic, Gustavo Villate, arremetió contra la administración de Mario Abdo Benítez afirmando que “ocultó información” sobre ataques cibernéticos.
Poblaciones indígenas de los departamentos de Caaguazú y Canindeyú llegaron hasta Asunción para hacer visibles los reclamos desatendidos por el Estado. Se manifiestan sobre la transitada avenida Artigas, cuyo tramo está ubicado en Asunción.
Un abusador serial de 33 años de la ciudad de Coronel Oviedo, del Departamento de Caaguazú, fue condenado a siete años y seis meses de cárcel por abuso sexual. El hombre debe afrontar otros juicios más bajo el mismo cargo, incluso uno por homicidio.