Una de las primeras medidas tomadas por el Gobierno fue el cese de los contratos de funcionarios, el no reconocimiento de los últimos concursos y el traslado de funcionarios que no son de confianza de los nuevos ministros.
Mientras que el Gobierno publicita como una medida positiva para el país el despido masivo de funcionarios en diversas instituciones, saltan algunas voces de protesta que hablan de injusticia y otros mencionan que no fue suficiente trabajar en la campaña de Santiago Peña para mantener el cargo. Asimismo, varios dirigentes que no son originarios de Honor Colorado fueron parte de la poda, para que ingresen los aliados de los referentes del nuevo Gobierno.
Entre las irregularidades que se pueden ver en las instituciones, se pueden citar que los técnicos de carrera, son dejados de lado y enviados al freezer para dar lugar a los
Desde el movimiento Fuerza Republicana pocos son los que cuestionan las medidas. Se trata de expresiones aisladas, siendo el diputado Mauricio Espínola, el más crítico. Este sigue cuestionando que pese a que trabajaron por el partido en las últimas generales, sus correligionarios sufren una suerte de persecución por no formar las filas de Honor Colorado.
El senador Colym Soroka por su parte, denunció el despido de más 20 personas que trabajaban en Itapúa. Dijo que se trata de despidos que perjudican a profesionales con estabilidad laboral y se trata de una decisión política injustificada.
El ex presidente Nicanor Duarte Frutos, en tanto, dijo que los despidos son normales cuando llega un nuevo Gobierno y que no ve ningún actor, de lo que fue Fuerza Republicana, capaz de liderar un proceso de contestación al Gobierno.
En ese tren de cosas, Mario Abdo Benítez, al dejar su cargo, se llamó a silencio y desapareció de toda escena pública. Hasta el momento no tomó el cargo de senador vitalicio.
Óscar Cachito Salomón, quien fue presidente del Congreso durante tres periodos consecutivos en el Gobierno anterior, ya se acercó al presidente de la ANR, Horacio Cartes, con todos sus dirigentes que quedaron sin cargos.
En este escenario se están configurando equipos también con miras a la Intendencia de Asunción... El diputado más votado en las últimas elecciones fue Raúl Latorre, mediante una alianza estratégica con el intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, con más de 50.000 votos. El cartismo buscará consolidar ese liderazgo los próximos años ampliando su equipo para que, llegado el momento, esté listo para recibir instrucciones. El ex asesor político de Mario Abdo Benítez y actual diputado, Daniel Centurión, había formado su propio equipo y está compuesto por funcionarios públicos y otras personas que se dedican a diversos rubros. El cartismo está en la búsqueda de los funcionarios que respaldaban a Centurión y para ello le ofrecen mejoras en sus cargos o la continuidad del contrato. En la misma línea se encuentra el senador Arnaldo Samaniego, cuyos dirigentes están siendo trasladados y despedidos de sus cargos. Entre ellos, varios presidentes de seccionales.
“Nos persiguen por haber trabajado con Bacigalupo”
El jueves pasado varios funcionarios se manifestaron contra la gestión de la nueva ministra de Trabajo, Mónica Recalde.
Los funcionarios relatan que sufren persecución sindical y traslados irregulares.
Nilda Ferreira citó que la nueva administración dejó sin efecto el concurso interno para la promoción de 41 funcionarios, que es el único mecanismo para el aumento de salarios. “Nos persiguen por haber trabajado con Bacigalupo”, dijo Ferreira, al relatar que fue trasladada a l a sede de San Lorenzo cuando desde hace años trabaja en el área de Desarrollo de Personas en la sede central.
En la manifestación, algunas personas portaban un cartel, donde tildaban de “planillera” a Recalde, quien se encuentra desde el 2014 en la institución, siendo nombrada en el 2015 como Directora de Seguridad Social.
En MUHV denuncian despidos, traslados y que Baruja no llamó a licitaciones
Los funcionarios del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUHV) señalan que el ministro Juan Carlos Baruja prometió trabajar con los funcionarios “de la casa” y que respetaría a todos. Sin embargo, desde el primer día realizó movidas y despidos y no hizo llamados para construcciones.
Desde que asumió, el ministro procedió al despido de 25 funcionarios y quedan 60 contratados en la mira.
El sindicato solicitó audiencias y la reconsideración de los despidos.
“Desvinculó a muchos funcionarios luego de anunciar a su arribo al ministerio con bombos y platillos y luego de decir que reivindicará a los funcionarios de la casa, llamativamente echó también a tres contratados de la Agencia Regional de Paraguarí quienes no responderían a su misma línea política”, manifestó el sindicalista Hugo Mora.
Este mismo indicó también que es víctima de persecución, ya que se desempeñaba como director operacional y Baruja lo trasladó como director de la unidad de créditos complementarios. Citó que el traslado se hizo de forma irregular sin respetar los fueros sindicales, por lo que dice que accionará contra Baruja.
Mencionó que Miguel Torales fue trasladado de l cargo de director de Fonavis y en su lugar se le nombró a Fernando Paniagua, quien fue denunciado por un caso de coima durante su permanencia en el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Baruja también designó a Carlos Yegros Pereira como director general de Administración y Finanzas y fue conocido por utilizar el vehículo del MAG para fines particulares.
Entre otras cosas ,el concurso de para 91 cargos de promoción salarial fue cancelado por la administración anterior de la Secretaría de la Función Pública, y el ministro Baruja no gestionó su reactivación.
25 personas quedaron sin contrato en el Ministerio de la Vivienda y se realizaron traslados de directores.
Despidieron a 500 en petrolera estatal
Una promesa de Santiago Peña era la reducción de precio del combustible para que esto impacte en el costo de la canasta básica.
“Si hoy yo fuera presidente de la República, bajo G. 1.000 el combustible. No es solamente populismo, pero es sano que un candidato colorado quiera hacer más que un gobierno colorado”, dijo en marzo de este año.
Con bombos y platillos anunció la reducción del costo de combustible en G. 600 menos.
Seguidamente, el titular de Petropar Eddie Jara señaló que la reducción de todos los tipos de combustible de la petrolera estatal se logró tras el despido de más de 500 funcionarios, además de acceder a una compra que permitió un millonario ahorro.
Señaló que ese frondoso número de funcionarios, fueron contratados durante la administración de Denis Lichi, quien juró como gobernador del Departamento de Cordillera.
Afirmó que solo en ese ítem se destinaba mensualmente más de G. 3.500 millones.
Para la disidencia se trata de persecución y Mauricio Espínola solicitó un informe al respecto.
En MRE, 85 personas quedaron sin cargos
Mediante un decreto del Poder Ejecutivo, 85 funcionarios al gobierno anterior fueron desvinculados y se dieron por concluidas las funciones en embajadas y consulados en el exterior.
También se comunicó a los 319 contratados en el servicio exterior que, para la renovación de los contratos, que fenecen el 30 de setiembre, se realizará un análisis, considerando las necesidades institucionales y el lugar de prestación de servicios.
Las principales movidas tienen que ver con sacar del cargo a personas que tienen un acercamiento con el ex mandatario Mario Abdo.
Entre ellos figuran Leila Sahira Afara Argüello, hija del senador Juan Afara, y Cecilia Pérez, la ex ministra de Trabajo y de Justicia de Abdo, que fue sacada de su cargo como ministra en la misión permanente de Paraguay ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Daniel Ojeda Martínez, primo de la senadora Lilian Samaniego, también fue otro de los cesados en el cargo. Se desempeñaba como cónsul de primera en el Consulado en Buenos Aires. También fue desvinculado el hermano de Miguel Cuevas.
En la PGR también hicieron cambios
Apenas asumió el cargo, el procurador general de la República (PGR), Marco Aurelio González, procedió a dar por concluidas las funciones de 8 procuradores delegados.
El hecho se dio de manera sorpresiva, ya que varios de los afectados se encontraban ahí desde hace varios periodos de gobierno, donde se evaluó su rendimiento para seguir ocupando esos espacios. El procurador general, Marco Aurelio González, indicó que puede tomar esa disposición debido a que se trata de cargos de confianza y que para llenar las vacancias, tiene planeado llamar a concurso.
Sin embargo, el concejal y candidato a miembro del consejo de la Magistratura Enrique Berni, afirmó al ser consultado, que el trasfondo de los despidos guarda relación con el hecho de que varios de los despedidos apoyan su candidatura y no la de Gerardo Bobadilla para formar parte del CM.
“Yo no creo en las brujas, pero de que las hay las hay”, expresó.
Asimismo, sufrieron el tijerazo de la nueva administración otros cinco funcionarios de Asesoría y áreas administrativas.
8 procuradores delegados fueron destituidos en PGR y 5 funcionarios que pertenecían al área administrativa.
