Los abogados Federico Martínez, Cilia Romero y Víctor Cáceres, que dicen son tres de los 40 abogados denunciantes contra los directores generales interinos, Berta Fidelina Dávalos, Julián Fernando Garcete Sander y Óscar Elizeche Landó. Los acusan de haber accedido irregularmente a tales cargos hace ya más de dos años.
Alegan que los tres se postularon con varios otros abogados al concurso para la designación de los citados cargos, que son importantes porque la Dinapi es un tribunal administrativo que decide cuestiones controvertidas en derechos intelectuales y, muchas veces, de alto contenido económico.
Remarcan que es sabido que el actual titular de la Dinapi, Dr. Joel Talavera, tiene amistad con los tres, por lo que los denunciantes impugnaron el concurso.
Indican que los postulantes debían llenar un formulario de declaración jurada sobre conflictos de interés, donde los concursantes debían manifestar si tenían o no conflictos de interés con los miembros de la Comisión de Selección, pero no revelaron su amistad con el miembro de la comisión.
Integran la comisión, el citado Talavera; la ministra de la Función Pública, Cristina Bogado; el viceministro de Industria, Ramiro Samaniego, y el vicepresidente de la Unión Industrial, Gerardo García.
Incluso, agregan una copia de la participación fúnebre del 23 de diciembre de 2016, de la Dra. Berta Dávalos, para el abuelo del Dr. Talavera, donde manifiesta que es “colega y amiga”. Según dicen, Talavera no se inhibió. Incluso, hablan de que podría ser delito, ya que es una declaración jurada.