Se trata de la acción presentada por “Casa Península SRL contra la Dirección Nacional de Aduanas y aduanas de Empedril, sobre demanda de reivindicación de cosa mueble”.
En este caso, el juez en lo Civil, Comercial y Laboral del cuarto turno de la circunscripción judicial de Presidente Hayes, Carlos Alberto Lezcano, ordenó entregar bajo caución real del recurrente “los bienes muebles consistentes en un contenedor, conteniendo 953.765.000 kilos (953.765 toneladas) de productos varillones de acero distribuidos en 436 bultos discriminados conforme a la partida arancelaria que acompaña, el cual corresponde al despacho de importación, que se hallan depositadas en el Puerto San José-Empedril SA”.
En su resolución el magistrado dice que se entrega la carga en forma provisoria en carácter de depositario judicial, “con la expresa aclaración de que no se podrá hacer uso de la misma, debiendo ser destinada a un depósito adecuado donde sea resguardada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 699 del CPC”.

Duarte señaló que esta disposición judicial se dictó ayer y establece la entrega de esos productos que “fueron decomisados como contrabando y no tienen certificación del INTN, instancia que ya determinó que no es apto para la construcción porque está con alto nivel de corrosión, lo cual va a ser un peligro para el que lo use”.
Refirió que este caso se inició en el 2016 y quedó varado. “Ahora un juez competente autorizó la entrega. Esto representa un golpe fuerte sobre toda la gente que está trabajando contra la informalidad, contra gente honesta, seria y que trabaja por un país mejor”, enfatizó.
Insistió en que es preocupante que ahora esos productos puedan ser comercializados y utilizados en las construcciones, pese a no contar con la certificación de calidad del INTN.
Por otra parte, el titular de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), Julio Fernández, dijo ayer que están analizando la posibilidad de denunciar al juez ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.