“Policia Sandinista secuestra a monseñor Marcos Diaz Prado, vicario de la iglesia Santo Tomás Apóstol del puerto de Corinto”, en el Pacífico, indicó Molina, autora del estudio titulado ‘Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?’, a través de su cuenta de la red social X (antes Twitter). Según la investigadora, “hasta la fecha no existe una acusación formal en contra” de Díaz Prado, de la Diócesis de León y Chinandega, en el noroeste de Nicaragua, y que “no se tiene información de su paradero”.
Previamente la abogada había denunciado la detención del sacerdote Fernando Calero, párroco de Nuestra Señora de Fátima en el municipio de Rancho Grande, de la Diócesis de Matagalpa (norte).
El sacerdote Calero fue “secuestrado por la Policía Nacional en su parroquia” tras haber mencionado al obispo encarcelado Rolando Álvarez, quien preside la Diócesis de Matagalpa, en una misa, afirmó Molina, quien aclaró que tampoco existe una acusación formal en contra del religioso.
Díaz Prado y Calero se suman a los sacerdotes Carlos Avilés y Héctor Treminio, vicario general y tesorero de la Arquidiócesis de Managua, respectivamente, que también fueron detenidos el jueves por la Policía y civiles.
La semana pasada, las autoridades detuvieron al obispo Isidoro Mora, a dos sacerdotes y a dos seminaristas.
Ni el Gobierno ni la Policía Nacional ha confirmado o negado la presunta detención de los religiosos.
PREOCUPACIÓN DE ONU. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Oacnudh) para América Central condenó este viernes la “desaparición forzada” del obispo nicaragüense Isidoro Mora y la nueva ola de detenciones de sacerdotes.
Las relaciones del Gobierno de Daniel Ortega y la Iglesia católica viven momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas y la suspensión de sus relaciones diplomáticas. Nicaragua atraviesa una crisis desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo con sus principales contendientes en prisión.
