Además, critican que el documento tiene fecha de julio de este año, pero los directivos de los centros escolares fueron notificados en plenos exámenes. Los padres indican que la resolución tiene efecto retroactivo, cuestión prohibida en la Constitución Nacional, excepto que su efecto sea favorable para los afectados, en este caso los estudiantes. Pero los progenitores indican que, al contrario, perjudica a los alumnos.
La principal modificación con respecto a una normativa anterior radica en que a la hora de tomar en cuenta el promedio de los secundarios, se considera hasta las centésimas de las calificaciones. Antes, se consideraban solo los decimales. “Por única vez”, el documento establece que se tendrá en cuenta el promedio del año 2017 sobre el promedio final de cada estudiante.
Este segundo punto es el que los padres consideran como inconstitucional por lo retroactivo de la resolución oficial. “Está bien buscar la excelencia, pero estamos en contra de cómo se está aplicando esta resolución y también del tiempo de su publicación”, lamentó Alejandra Toñánez, una de las denunciantes.