Luego de salir a la luz un dudoso contrato de compra de gasoil de Petróleos Paraguayos (Petropar) a la empresa AP Sociedad Anónima, vinculada con la deportista y empresaria Andrea Lafarja Bittar, por un monto máximo de USD 51,5 millones, son muchos los cuestionamientos que se hacen a la relación comercial con la firma que no tiene experiencia en el rubro. Al respecto, el senador del Partido Demócrata Progresista (PDP) Rafael Filizzola señaló que si se analizan los antecedentes se puede observar que desde hace cuatro años Petropar viene realizando el mismo procedimiento de compra, hasta la aparición de la firma que por el momento solo tiene cuatro participaciones como proveedor del Estado y nada tiene que ver con el mercado de combustibles, sino más bien proviene del rubro de decoraciones, venta de alfombras, mantenimientos, entre otros. “Se requería a las empresas una cotización que se establece teniendo en cuenta el precio de mercado y un descuento. Sin embargo, repentinamente, a partir de esta compra, se cambia esa modalidad para favorecer a una empresa. Este cambio de criterio solamente para este caso resulta perjudicial porque la baja del precio de mercado no incidirá en lo que pague Petropar”, mencionó el senador. Además, agregó, que en esta compra se redujeron los requisitos de experiencia mínima y requerimiento de capital de la empresa, que vienen aplicando al menos desde hace cuatro años. “Anteriormente, se solicitaba la copia de contratos anteriores sobre compraventa de combustible a otras empresas o entidades. En cambio, para este llamado se elimina ese requisito. Igualmente, se exigía un capital mínimo de USD 15 millones, lo cual también fue revocado para este llamado”, sostuvo. Dijo que bajo estas circunstancias “se puede presumir que la empresa en cuestión no cumple esos requisitos, por eso los eliminaron”.
Filizzola indicó que desde la estatal se alega una “razón técnica” para comprar sin licitación, lo que generalmente debe estar basado en un estudio sobre proyecciones futuras de fluctuación del precio.
“O sea que, si en el análisis se concluía que se esperaba una suba en el mediano plazo, se justificaba la conveniencia de la compra por oportunidad. En este caso, la justificación fue que solicitaron cotización por email a otras empresas y la oferta de la Sra. Lafarja resultó la más baja (qué conveniente). Esto no es serio ni puede ser jamás una justificación técnica que se enmarque dentro de la ley de Contrataciones”, enfatizó.
El legislador explicó que todo eso se suma a que la compra se llevó a cabo bajo una ley que hoy ya no está en vigencia, ya que actualmente está vigente la ley 7021 de Suministros y no la 2051 de Contrataciones Públicas, pero que llamativamente el Ministerio de Economía y Finanzas, por resolución, dejó sin efecto hasta el 2024, lo que favoreció a cerrar el trato con la firma.
Tras los críticas que despertó la adjudicación, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ordenó una investigación de oficio y recomendó suspender el contrato de compra.
La Cifra 51,5 millones de dólares es el monto del contrato para la compra de gasoil, adjudicada a la empresa AP Sociedad Anónima.
