La acción de inconstitucionalidad fue planteada por la empresa Atlántico Importación Exportación SA contra el decreto por el que se reglamenta el Capítulo IV, de la Ley 1328/98 “De Derechos Autorales” y el artículo 23 de la Resolución 1021, por la que se reglamenta el Decreto 6406.
Según la denuncia, Saguier pidió su intervención legal como tercero coadyuvante, como representante de AIE Paraguay, pero fue rechazado sin fundamento.
Alega que no tuvo acceso al expediente desde el 17 de setiembre de 2019. Cita diferentes excusas que recibió para no ver el expediente.
Según Saguier, es así que con una escribana se hizo presente en la secretaría, el 7 de noviembre de 2019, para verificar, constatar y, en su caso, autenticar la copia, pero tampoco tuvo acceso.
Recién el 11 de ese mes pudo finalmente ver el expediente señalado.
Denuncia que el accionante tuvo un trato preferencial y que no se cumplieron los requisitos para la acción de inconstitucionalidad, además de faltar el poder acreditante para el abogado Éber Ovelar Benítez.
Saguier dice que hubo irregularidades en una resolución y que se tuvo que incluso realizar una aclaratoria.
DENUNCIA. El profesional, que estuvo acompañado de varios músicos e intérpretes para la presentación, dijo que dialogó al respecto con el presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, quien sugirió hacer la denuncia formal.
Remarca en su denuncia que el 21 de agosto de 2019 se hizo lugar a la medida cautelar de suspensión de los efectos de las normativas atacadas. Según dice debió ser rechazada in límine porque estaba prescripta la acción.
Sin embargo, lo más grave, conforme a su denuncia, es que “sorprende que una acción resuelta por Acuerdo y Sentencia de la Sala Constitucional, firmada por todos sus ministros y su secretario, no se haya fechado y numerado y que se la haya dejado en el limbo, a fin de que no entre en vigencia”.
Adjuntó a la denuncia una copia de la parte resolutiva de la acción, donde tienen las firmas de los ministros César Garay, Julio Pavón, y dos más que no tienen sellos.
La copia que adjunta no tiene número, ni fecha, tampoco sello de estadística judicial.
El abogado Agustín Saguier apunta en su denuncia que el hecho era grave, que no se respetaban las resoluciones, ya que el documento al que accedieron, surge que los miembros de la Sala ya estudiaron el fallo y lo rechazaron.
Según el profesional, “no deja de llamar la atención que uno de sus ministros, que ya firmó dicho acuerdo y sentencia, resulte posteriormente recusado por la empresa”.
Pide al Consejo de Superintendencia de la Corte que ordene la auditoría del expediente señalado, y un sumario administrativo para determinar las responsabilidades en el caso.
Finalmente, solicita en su denuncia que el expediente sea estudiado por el pleno de los ministros de la Corte Suprema de Justicia.
“Nunca se dictó la resolución”
El secretario de la Sala Constitucional, Julio Pavón, fue consultado sobre la denuncia. Señaló a ÚH que la resolución que denuncian que desapareció nunca se dictó. Es más, alega que actualmente, se está estudiando una recusación contra el ministro César Garay. Explicó que la copia sin sellos, sin fecha ni número no es válida, por lo que se reafirmó que nunca fue dictada. Alegó que los denunciantes no eran parte del expediente ya que es una acción contra una normativa, conforme refirió Pavón.
