Pese a los esfuerzos de diversos sectores por posicionar al país como estable, y atractivo para la inversión por su clima para los negocios, no es posible seguir intentando tapar el sol con un dedo.
Recientemente nos ha sorprendido el decomiso de 10 toneladas de cocaína en el puerto de Hamburgo, Alemania, cargamento que se convirtió en la segunda mayor incautación de este tipo de droga en Europa. Recordemos que la primera carga también tuvo como punto de origen a Paraguay y en aquella ocasión, febrero del 2021, fueron interceptadas 16 toneladas.
Posteriormente del hallazgo, el director de Aduanas, Julio Fernández Frutos, informó a la prensa que tras la revisión de las imágenes se encontró una que debió haber sido reportada por el personal. El hecho sucedió un mes después de que se iniciaran los controles con los modernos escáneres implementados por la Dirección Nacional de Aduanas, precisamente para evitar este tipo de envíos.
Las toneladas de drogas que llegan a puertos europeos procedentes de nuestro país son la parte visible de un grave problema. Paraguay forma parte de la ruta privilegiada del narcotráfico en la región, y fue elegido precisamente por sus tremendas debilidades institucionales, así como también por la corrupción y por la impunidad que nos castiga.
A escasos días de la incautación de las 10 toneladas de cocaína en Hamburgo, una publicación de la Universidad de Cambridge, Política criminal y desarrollo chapucero en la América Latina contemporánea, firmada por Andreas E. Feldmann y Juan Pablo Luna, presentaba una terrible radiografía del Paraguay poniendo el foco en el crecimiento falseado de la economía por la contaminación del mercado con recursos ilegales provenientes de organizaciones criminales en complicidad con la política y el Estado que terminan por incidir hasta en el PIB. Decía el reporte que, el dinero narco está presente en el sector inmobiliario, ganadero, cooperativas, etc. y que el costo real es una sociedad a merced de la corrupción, violencia y decadencia institucional.
La conclusión es terrible: las organizaciones criminales crean un Estado que se fortalece en las falencias del Estado.
Debemos tener presente lo que develó el operativo A Ultranza Py, que mostró a que un diputado colorado, Juan Carlos Ozorio, desde la Cooperativa San Cristóbal manejaba una red de préstamos, y que luego fue imputado por lavado de dinero, tráfico de drogas y asociación criminal. El más reciente operativo denominado Pavo Real logró desmantelar un esquema criminal que conseguía ocultar bienes del narcotraficante, Jarvis Chimenes Pavão, quien seguía ganando dinero, pese a que está cumpliendo condena en una cárcel del Brasil.
Tan escandaloso como el megacargamento de cocaína hallado en un puerto europeo es que las organizaciones criminales se sientan muy cómodas operando en el país, y tanto, que lavan los activos provenientes del tráfico de sustancias ilícitas y las introducen a nuestro sistema financiero, exactamente como demostró el actuar del narcotraficante, Jarvis Chimenes Pavão.
Si realmente queremos ser un país atractivo para las inversiones y los negocios debemos declarar una guerra frontal al crimen organizado, al narco, al lavado de dinero y las mafias.
Nuestra imagen país no cambiará por arte de magia o por pomposos discursos; cambiará solamente el día en que luchemos de verdad en contra de la corrupción enraizada en las instituciones y la impunidad que nos han llevado a ser este país inficionado por la mafia y el crimen organizado. Para esto necesitamos instituciones fuertes, autoridades y funcionarios que crean en el sistema democrático y absoluta transparencia.