Ante la renuncia del diputado Ibáñez, las manifestaciones en su contra y los escraches al senador González Daher, días atrás la Corte Suprema de Justicia solicitó a su Dirección de Auditoría de Gestión Judicial un informe detallado sobre el estado de 36 causas emblemáticas por corrupción. La lista incluye nombres de otros legisladores pasibles a los escraches ciudadanos, como los senadores Víctor Bogado y Enzo Cardozo, así como ex fiscales, jueces y aduaneros procesados por coimas. Se trata de causas que la Fiscalía Anticorrupción impulsa desde hace años, pero constantemente se estancan en los pantanos del Poder Judicial. La presión social, aquella que forzó la salida de Ibáñez del Parlamento y que, probablemente, no deja dormir por las noches a González Daher, sensibilizó a la Corte.
Sin embargo, no deja de haber mucha hipocresía en el repentino interés en estas causas. Resulta que los encargados del sistema judicial quieren saber por qué no funciona el sistema judicial. Durante años los ministros de la máxima instancia judicial permitieron que políticos, altos funcionarios y ex fiscales o jueces escapen a la Justicia. Con recusaciones masivas, incidentes que rayan lo absurdo y artilugios del más bajo nivel, los poderosos han eludido los tribunales desde hace años. Otras causas se paralizan al llegar a la misma Corte que ahora se preocupa de la mora, como las de Víctor Bogado, Rafael Filizzola y Camilo Soares.
El pedido de informes se dio apenas dos días después de que el presidente electo asuma el mando y en su primer discurso advierta que la Justicia “es la pata renga de la democracia” y que la impunidad es uno de los mayores problemas del país. La misma noticia de este diario señala que aquella lista de las 36 causas por corrupción varadas fue presentada ya en marzo del 2016 por el entonces fiscal general Javier Díaz Verón –imputado hoy por enriquecimiento ilícito y con una orden de detención en su contra. Pasaron más de dos años y un discurso presidencial para que la lista cobre relevancia para la Corte.
Mientras que el Ministerio Público sea incapaz de, por lo menos, llevar a un juicio oral y público a la docena de parlamentarios procesados por delitos económicos o hechos de corrupción, el Poder Judicial seguirá impidiendo que el país tenga una democracia real y plena, con acceso a la Justicia para todos.
El problemas, sin duda, es responsabilidad directa de los actuales ministros de la máxima instancia judicial, sin embargo, su origen también está en el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, desde donde la clase política ejerce su influencia sobre los magistrados y fiscales.
Si a esta sobreactuada preocupación de la Corte sumamos sus antecedentes recientes –doblegada al cartismo, con juicios políticos pendientes para algunos ministros y con uno de sus miembros, Miguel Óscar Bajac, implicado en un millonario caso de coima antes de jubilarse– sería hasta inocente pensar en que el saneamiento del Poder Judicial vendrá de su cabeza.
La depuración de la Justicia necesariamente devendrá de un acuerdo político que priorice la independencia de los magistrados por sobre el cuoteo partidario y la obediencia al poder político. Hasta tanto, tanto legisladores como ministros de Corte continuarán con cortinas de humo para seguir operando a sus anchas.
