04 nov. 2024

Depurar de narcopolíticos las estructuras del Estado

La extradición del Brasil de Vilmar Neneco Acosta, supuesto autor intelectual del asesinato del periodista Pablo Medina, es un hecho significativo que debe apuntar no solamente a la necesaria dilucidación del trágico caso, sino también a poner de manifiesto la forma en que las estructuras estatales han sido permeadas por el fenómeno de la narcopolítica. La corrupción, la ausencia de gobierno y, sobre todo, la impunidad son las principales armas de las que se valen lo individuos asociados al crimen organizado trasnacional para penetrar el ámbito público en sus distintos estamentos, tanto en el Parlamento como en las gobernaciones y municipalidades.

El ex intendente municipal de Ypejhú por fin rendirá cuentas ante la Justicia por los crímenes que se le atribuyen. La presencia de Neneco Acosta ante los tribunales es auspiciosa porque evitará que quede impune un hecho de suma gravedad como fue el asesinato del periodista Pablo Medina; pero al mismo tiempo debe servir para poner de manifiesto la forma en que la narcopolítica se inficiona en las instituciones y los cómplices y/o protectores que facilitaron y siguen facilitando que el tráfico de estupefacientes financie campañas políticas de parlamentarios, gobernadores, intendentes y concejales.

Cuando se produjo el asesinato de Medina, muchos reaccionaron con indignación ante el abyecto crimen. Otros, sin embargo, sobreactuaron su condena y su supuesta intención de sanear el quehacer público en el Paraguay. Sin embargo, al menos hasta el momento las cosas casi no han superado el ámbito de la mera retórica.

En aquel entonces, el presidente llamó a “cumbres” de poderes para abordar la cuestión. La Cámara de Senadores dio a conocer la lista de los parlamentarios vinculados con el narcotráfico y entregó la nómina a la Fiscalía General del Estado para que esta actuara con la contundencia que la ley ordena; hasta se dieron a conocer los nombres de los parientes y amigos de los supuestos narcolegisladores que ocupan puestos de privilegio en el servicio exterior de la República.

Pero nada pasó de eso, todo quedó en el plano de la mera denuncia. La cumbre de poderes no produjo mayores resultados; la denuncia del Senado quedó en veremos y la parentela de llamados narcodiputados sigue tan campante en los puestos que el Estado tuvo a bien obsequiarles.

El Congreso, además, actuó también con mucha dilación, dándole largas a la aprobación de una ley sobre financiamiento político que ni siquiera es lo suficientemente contundente como para evitar que el dinero malhabido del crimen organizado se ponga al servicio de las campañas políticas. Y así lo constató en las recientes elecciones municipales la Misión de Observación Electoral de la OEA, que mencionó ciertas ambigüedades de la norma.

A la postre, el único que pagará por los pecados de la multitud de narcopolíticos será Vilmar Acosta Marques, alias Neneco, como si el flagelo de la participación del crimen organizado en la vida pública del país se limitara a su sola persona. Sabida es la gravedad de su supuesta participación en el asesinato de Medina, pero sin dudas son muchos los que, estando en las sombras detrás de él, permitieron que este actuara con la desembozada impunidad con la que procedió. Pero a esos los tapa el poder con un manto de cómplice silencio.

Es lamentable el estado de cosas en el que nos encontramos. No solo porque se agudizará la existencia de un Estado pútrido y cómplice con el delito, sino porque la juventud continuará careciendo de modelos dignos hacia los cuales orientar su mirada y sentirse inspirada por su conducta ejemplar. Por el camino que vamos, parece imposible rescatar al Paraguay del pozo de corrupción en el que sus irresponsables dirigentes lo han sumido.

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