La solicitud está planteada en el proyecto del Presupuesto General de la Nación del 2025 que en breve se debatirá en las cámaras. La información fue filtrada por un indignado legislador porque la Comisión Bicameral de Presupuesto se reúne a puertas cerradas, en un nuevo acto de prepotencia de los nuevos administradores del poder. Configurar el presupuesto en secreto justamente para evitar que la prensa sepa y publique este tipo de información.
La propuesta es entregar G. 5.000.000 para el rubro de combustible y 1.100.000 para el seguro privado de salud para cada uno de los 125 legisladores.
Sin fundamentos convincentes, el cartista y titular de la Comisión de Hacienda, Silvio Beto Ovelar, reveló que la idea de restituir el privilegio surgió de la mesa directiva del Senado. Que “no estaría mal” contar con un seguro médico que a su criterio ni siquiera es vip (para personas muy importantes, según sus siglas en inglés). Lo dijo con tanta solemnidad que hasta quedó humilde, casi igualando al “seguro de las polladas” al que la mayoría de la población apela en momentos de desesperación.
El senador Bachi Núñez opinó lo mismo y cuando se le cuestionó sobre las carencias en salud, como toda respuesta enumeró las obras de gobierno sin reparar en las críticas hacia el Congreso.
La perversidad de este punto, además de la falta de conciencia y empatía con miles de personas que viven en la informalidad laboral, sufriendo el denigrante transporte público y las carencias de insumos mínimos para la salud, es que los legisladores consideren “razonable” el pedido argumentando que ahora hay más ingresos tributarios, aludiendo a los 800 millones de dólares más de recaudación que anunció el DNIT.
Justamente aquí está el problema. Que la clase dirigente solo se mire el ombligo y en vez de racionalizar el gasto público, reasignando a áreas que viven una emergencia como la salud pública, solo piense en recuperar privilegios, en una actitud cínica y desconectada de la realidad.
Los cínicos que se ufanan de entender el gasto público señalan, a modo de justificación argumentan que agregar gastos de 9 mil millones anuales no es nada en un presupuesto general de G. 133 billones. “Es una gota en el mar de gastos”, dicen.
NADA QUE HACER. Este pequeño botón de muestra revela que el partido de gobierno no tiene como misión reducir la inequidad sino ampliar esa brecha indignante entre el pueblo y su clase dirigente, alimentando una burocracia parásita e insaciable. Que no existe ningún plan, sino una convivencia a puro chantaje para que cada poder del Estado se quede con una tajada.
Esa ausencia de planes de cara a la gente es muy notorio en este Gobierno que no tiene la excusa de los anteriores que carecían de mayoría en el Congreso y por ello se trababa sus proyectos. El cartismo tiene mayoría absoluta en el Poder Legislativo. Si tuviera un plan de racionalización de gastos, eso debería reflejarse en todos los poderes y en todos los órganos de gobierno. Santiago Peña no puede alegar falta de votos. Al contrario, la hegemonía de su partido y más específicamente su movimiento político le dan la garantía para aplicar esos recortes si así lo quisiera. Pero no quiere hacerlo.
“Qué son 9 mil millones anuales en un presupuesto de 133 billones”, dicen los cínicos que justifican estas aberraciones. “Démosles su cupo combustible y sus seguros vips”. Es el precio que se paga al poder del Estado para que no moleste, para hacer lo que le ordenan.
Cada vez que se revela la contratación de nuevos planilleros y la baja calidad de los funcionarios, cuando ya ni disimulan que se trata de sus familiares, operadores políticos o de jóvenes amantes, se levanta la alfombra y el olor fétido del clientelismo inunda el país. No les importa nada, por eso ya ni disimulan. La casta planillera gana buenos salarios, tienen horarios flexibles, trabajan mediodía si lo hacen, muchos pueden hacerlo de forma virtual. La lista de privilegios es irritante.
Como si ya la atmósfera política no fuese asfixiante, Peña agitó el debate sobre la reforma constitucional en un asunto que ni siquiera es urgente, como lo es el impuesto inmobiliario. Solo un presidente que no tiene claro su rumbo o está en una situación complicada, plantea asuntos al solo efecto de alterar el escenario.
El Parlamento debería ser el poder de contrapeso cuando un Ejecutivo quiere pasarse los límites. Pero para desgracia nacional, los legisladores de este período son los peores desde 1989, salvo honrosísimas excepciones. Son mediocres, ignorantes, inescrupulosos e intrínsecamente corruptos. Una mayoría bruta y soberbia es el escenario perfecto que todo líder autoritario necesita para seguir sus planes sin contratiempos. Sabe que puede comprar sus lealtades abriendo su billetera, o lo peor, liberando la canilla del dinero público para saciar las ansias voraces de un Congreso irresponsable e insaciable.
