No duró ni siquiera dos meses la polémica Ley 6038/18, que reglamenta el artículo 201 de la Constitución Nacional sobre la pérdida de investidura en el Congreso, promovida en el periodo legislativo anterior por la diputada independiente Olga Ferreira de López, aumentando inconstitucionalmente el número de votos necesarios para que miembros del Senado y de la Cámara de Diputados puedan perder sus investiduras, al ser descubiertos y acusados por cometer delitos de tráfico de influencia.
Tras haberse aplicado este sistema de sanción al senador colorado Óscar González Daher y haber provocado la renuncia del senador oviedista Jorge Oviedo Matto, la diputada López presentó el proyecto de ley que aumentaba de 23 a 30 los votos necesarios para la pérdida de investidura en el Senado y de 41 a 53 en Diputados, contraviniendo inclusive al criterio de mayoría simple dispuesto por la Constitución. Planteaba además que se requiera de una sentencia judicial previa para sancionar a los legisladores acusados de corrupción.
La discutida ley fue aprobada por ambas cámaras, pero ante el fuerte cuestionamiento ciudadano, que la bautizó como “ley de autoblindaje”, fue parcialmente vetada por el entonces presidente Horacio Cartes, retornó al Parlamento y acabó aprobada en forma automática o por sanción ficta el pasado 25 de junio. Luego, un proyecto del diputado Paraguayo Cubas para que la ley sea derogada fue enviado al freezer por su pares.
Sin embargo, en las últimas semanas se produjo una oleada de indignación ciudadana contra la protección impune a los legisladores acusados de corrupción, que ya provocó las renuncias del diputado colorado José María Ibáñez y nuevamente de los senadores Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto, además de crear un clima para el apresamiento del ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, y de su esposa, también procesados por casos de corrupción.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppPor ello, cuando el diputado liberal Celso Kennedy planteó el pasado 29 de agosto el tratamiento sobre tablas del proyecto que deroga la ley de autoblindaje, sorprendió que todos los legisladores lo aprobaran por unanimidad, sin ningún tipo de oposición. Similar situación se dio días después en el Senado y apenas lo recibió el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, lo promulgó el último lunes, con un mensaje explícito en las redes sociales de internet: “¡Apoyamos la lucha contra la impunidad!”.
En este contexto, la aprobación de la ley que deroga el autoblindaje legislativo debe interpretarse también como un signo sumamente positivo, motivado por la lucha ciudadana contra la corrupción.
A partir de ahora será más fácil lograr la peculiar revocatoria de mandato de los legisladores que incurran en hechos de corrupción, particularmente en casos de tráfico de influencias. Sin dudas, es un avance significativo que contribuye y fortalece el ejercicio de la democracia.