La presencia de basura en cauces hídricos o dispersa en calles y veredas no es el único problema en cuanto a disposición de residuos se refiere. A gran escala, la gestión adecuada para el depósito final y en el terreno correcto es uno de los grandes desafíos en el país. Principalmente en Asunción, donde lejos de avanzar hacia una solución integral se arrastran varios procesos enmarañados.
Una resolución que tardó en ver la luz para suspensión de actividades -en un sitio que, de hecho, debía cerrarse dos décadas atrás-, nuevo contrato a días de elecciones internas y sin permiso ambiental, intendente y concejales imputados, incumplimientos en contrato y gestión, son solo algunas realidades detrás del negocio de la basura en la capital.
Permisos ambientales. La recomendación de “inmediata suspensión”, de la Declaración de Impacto Ambiental de la firma Empo Ltda, por incumplimiento detectado, ya se mencionó en el memorándum del 23 de octubre del 2020, que fue enviado por la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental a Asesoría Jurídica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), en el marco del proceso de sumario contra dicha concesionaria. Sin embargo, esta medida “urgente” por parte del Mades tardó siete meses en concretarse. La resolución por la cual se decide suspender las actividades en Cateura se emite recién en mayo de este año.
Además de irregularidades, que informaron los fiscalizadores del ente tras el incendio en el 2020 en Cateura, otro de los incumplimientos que se describen son: la falta de informe de avance de obras como: planta de lixiviado, puesta en funcionamiento del sistema de recolección y drenaje de gases, plan de clausura y posclausura.
Estos informes debían presentarse ante el Ministerio ya en noviembre del 2020, en el caso de la planta de tratamiento, y en febrero del 2021 los demás trabajos.
Desde el Mades se excusaron con la tradicional respuesta de: “Tenemos más de 1.000 expedientes, que se delegan en los jueces instructores, hubo reorganización de la Dirección de Asesoría Jurídica y cambios de jueces instructores. Faltan más funcionarios, más jueces para darles celeridad a los sumarios”.
Contrato. Tras la suspensión de esta declaración y con ello las actividades en Cateura, la Municipalidad de Asunción procedió a un contrato temporal. El único oferente que se presentó fue el Consorcio de Gestión Integral de Residuos, integrado por El Farol SA, Tecno Scan SA y Servicios de Ingeniería y Materiales. Este primero, que domina el negocio en Central y está vinculado a políticos liberales y colorados, mantiene una larga disputa con la firma Empo. Entre ambos existen cruces de acusaciones y fuertes denuncias públicas.
A nivel municipal, el contrato por un monto de G. 10.000 millones con el consorcio y el acuerdo de la salida de Empo fue días antes de las elecciones partidarias internas. El servicio para recepción de basura en el vertedero municipal, traslado de residuos resultantes de la segregación y disposición final a otro sitio es hasta octubre, mes de votaciones generales para autoridades comunales.
Cabe destacar que este nuevo consorcio adjudicado inició las operaciones sin contar con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada. Sin embargo, directivos del Mades como de la Comuna intentaron minimizar el hecho.
“La normativa es ‘flexible’ ya que menciona que el estudio es para obra o actividad proyectada o en ejecución”, expresó la directora de Evaluación de Impacto Ambiental del Ministerio de Ambiente, Carolina Pedrozo, quien tardó varios días y una previa y larga reunión con el ministro, Ariel Oviedo para confirmar que no existía aún el permiso oficial.
El director de Administración y Finanzas del Municipio, Wilfrido Cáceres, sobre esta falta de aprobación previa argumentó que Cateura, en este caso, no es sitio de disposición final, solo de transferencia. Cáceres había asegurado que el consorcio sería el encargado de adecuaciones del sitio municipal, como rotura de diques y escurrimiento de lixiviado, que fueron hallados en una intervención tras la salida de Empo. Pero no contestó si estos trabajos ya se iniciaron o aún no.
Proceso. El tribunal arbitral había resuelto la rescisión del contrato entre Empo y la Comuna por incumplimientos. Además, el intendente Óscar Nenecho Rodríguez y once concejales están imputados por el supuesto hecho de producción de documentos no auténticos, estafa y apropiación.
4 meses dura contrato para recepción y traslado de basura por un monto de hasta G. 10.000 millones.
12 meses es el plazo para que Cateura se convierta oficial y exclusivamente en una planta de transferencia.
