No podemos hablar del derecho a la vida si se ignoran las opresiones basadas en los diferentes tipos de discriminaciones. Crecer en comunidades sanas y sostenibles, con acceso a servicios básicos, libres de violencia y criminalización es clave para alcanzar una vida digna. No son utopías, sino derechos humanos garantizados en tratados internacionales y leyes nacionales, pero que el Estado no incluye entre sus prioridades.
En plena pandemia los desalojos de comunidades indígenas y campesinas no pararon, mientras que a la par avanzaron las series de medidas económicas y flexibilizaciones impositivas para el empresariado, decisiones necesarias pero en condiciones de desigualdad con otros sectores de la población, no solo del campo, sino también respecto a los trabajadores de las zonas urbanas.
Los reclamos de la ciudadanía hastiada y en duelo concentran la atención de las instituciones en controlar la pandemia desde el punto de vista médico, mientras los sectores más vulnerables siguen sin tener respuestas de los entes estatales encargados de velar por sus derechos.
Ayer se movilizaron en Coronel Oviedo centenares de indígenas de 11 comunidades de Caaguazú y Alto Paraná que fueron desalojadas o sufren amenazas de ser expulsadas de las tierras que ocupan, pero también hay otros casos como el del pueblo Paí Tavyterã, de Tekoha Guasu Yvy Pyte, en el Departamento de Amambay, donde civiles los amedrentan aprovechando la espalda que dio la Fiscalía a las denuncias de los líderes.
Los operativos extrajudiciales son los más preocupantes porque son ejercidas por las fuerzas públicas, pero bajo orden de particulares con poderes económicos, en otros casos ni siquiera participan policías, solo civiles armados, lo que empuja a pensar que siguen vigentes las prácticas de la extinta Comisión de Defensa de la Propiedad Privada organizada por ganaderos.
A esto se suma la advertencia de los campesinos de los intentos del gobierno en complicidad con el sector privado, de intervenir 800 asentamientos, en vez de dar cumplimiento a la anhelada reforma agraria que establece la propia Constitución Nacional. Los títulos superpuestos, la dilación de mensuras judiciales y la impune apropiación de tierras públicas por parte de empresarios van de la mano de los problemas estructurales que impiden saldar una deuda histórica.
En un intento por frenar los desalojos y más aún en un momento de alto riesgo de contraer el Covid-19, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) presentó un anteproyecto de ley que prohíbe estas acciones, siguiendo así las recomendaciones de las Relatorías de Naciones Unidas que advierten que el desalojo es potencialmente una sentencia de muerte en este contexto de pandemia.
Para el efecto tomó la Ley N° 6524 de Emergencia Sanitaria de manera a corregir la exclusión de comunidades indígenas y campesinas en las medidas de contingencia que estableció el Estado. Se basa en la modificación del artículo 52, que prohíbe el desalojo de los alquileres por el incumplimiento en el pago, así como la facilidad de fraccionar las deudas.
Si bien es una salida para gran parte de los trabajadores en las ciudades, no resuelve los problemas de la población rural y de los asentamientos en zonas urbanas. En ese sentido Codehupy propone que se suspenda la ejecución de todas las decisiones judiciales y fiscales que estén orientadas a desalojos y desocupaciones forzosas.
Todavía es una solución parche ante el gran abandono y opresión estatal sobre las comunidades, pero al menos sería un respiro temporal para los pobladores y pobladoras, cuya desesperación y demandas pasan desapercibidas por las instituciones, que contradictoriamente los destinan a vivir bajo techos de hule y sin posibilidades de acceso a cuidados sanitarios para evitar los contagios, ni que decir sobre el acceso a otros derechos básicos.
