Una noticia que en los últimos días sorprendió por su espectacularidad y por su efecto político ha sido la detención y la imputación del general retirado Ramón Benítez, ex comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), además ex candidato presidencial por el movimiento Reserva Patriótica para el 2018 y quien hasta el viernes último se desempeñaba como jefe del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada (Detave), junto a varios funcionarios complicados en un esquema de corrupción, a través del cobro de coimas para proteger al contrabando.
El general Benítez venía siendo investigado por miembros de la Unidad Interinstitucional de Prevención y Combate al Contrabando (UIC), el Ministerio Público y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), a partir de denuncias, a través de seguimientos y grabaciones de llamadas telefónicas, con la colaboración de personas que efectuaban los pagos y que aceptaron que el dinero fuera previamente fotocopiado y certificado como evidencia por la Fiscalía.
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, reconoció que brindó su respaldo para que se investigue al alto funcionario a quien él mismo había nombrado al frente de un importante organismo, encargado precisamente de combatir el contrabando, pero que en la práctica lo estaba protegiendo a través del cobro ilegal de altas sumas de dinero en concepto de coimas o sobornos.
Esta decisión política, que ya se había dado en el anterior operativo, Berilo, también llevado a cabo por la Senad en setiembre del 2018, contra una red de narcotráfico en la que resultó implicado un legislador del mismo movimiento político del oficialismo, podría crear un importante precedente, ya que no es muy habitual que un jefe de Estado apoye el procesamiento de sus aliados, pero para ello hace falta que la acción, si realmente busca golpear a la corrupción, se extienda a muchos otros ámbitos estatales en donde la corrupción sigue siendo una práctica tan arraigada y cotidiana, que a gran parte de la población ya le resulta normal.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppEl desmantelamiento del Detave y la prisión de sus ex responsables no impedirán que siga existiendo el contrabando. El Detave se ocupaba solo de perseguir supuestamente los productos y las mercaderías ingresadas ilegalmente, pero no impedía que entren por los puntos fronterizos, donde siguen existiendo sistemas de ingreso ilegal que funcionan desde hace décadas, y que no cambian porque cambien funcionarios o autoridades. Los puertos clandestinos a orillas del río Paraná, los pasos por la frontera seca o los sistemas de subvaloración en puertos y aeropuertos siguen operando impunemente.
El desarrollo del operativo de investigación denominado Brillante ha sido, tal como su nombre lo indica, realmente exitoso, pero para avanzar en la lucha contra la corrupción se debe desarmar toda la estructura que sigue funcionando en varias instituciones y que operan desde los puntos de frontera, causando graves daños a varios sectores de producción y de trabajo en nuestro país.